Cerca de dos años después de la caída del gobierno de Yanukóvich, el FMI se ha convertido en el guía de una política económica marcada por la crisis.
Parece que no importara que la política del FMI que se disemina por el mundo provoque caos social como en Grecia o en cualquier otro país, puesto que el objetivo es siempre el mismo: reforzar el capital privado a expensas de los bienes y servicios sociales. Y el FMI, cuya sede está en Washington, sigue en Ucrania a pesar de ser una institución tan despreciada por su fuerte implicación en la ola de las desastrosas privatizaciones en Europa del Este, durante la transición postcomunista a comienzos de los 90. Desde el inicio de la crisis, en noviembre de 2008, Ucrania figura entre los primeros países europeos que cayó en la ratonera del FMI, después de Islandia, Georgia y Hungría.
Debido a un poderoso movimiento insurreccional que llevó a la destitución del presidente ucraniano Víktor Yanukóvich, el nuevo Gobierno transitorio, establecido el 27 de febrero de 2014, ofreció al FMI la oportunidad de administrar una severa cura de austeridad al pueblo ucraniano. Sin siquiera esperar a las elecciones, se desarrollaron unas opacas negociaciones con ese Gobierno no elegido, que desembocaron en la adopción de políticas ultraliberales a cambio de un préstamo del FMI.
Unas opacas negociaciones desembocaron en la adopción de políticas ultraliberales a cambio de un préstamo del FMI
Para el actual primer ministro Arseni Iatseniuk, no existiría ninguna alternativa a las órdenes del FMI. Ya en octubre de 2008, cuando era presidente del Parlamento, Iatseniuk declaraba respecto al programa del FMI: “No tenemos otra elección. No es una cuestión política, es una cuestión vital para la actividad del país”. Cinco años y medio más tarde, en marzo de 2014, Arseni Iatseniuk, convertido en primer ministro del Gobierno transitorio, afirmó con respecto a un inminente programa de austeridad del FMI: “El Gobierno aceptará todas las condiciones fijadas por el FMI, porque no tenemos otra elección”.
Con el nuevo Gobierno del oligarca y multimillonario Petro Poroshenko, investido presidente de Ucrania en junio de 2014 con la promesa de poner fin a la guerra en tres meses, pocos cambios se pueden esperar, ya que mantiene a Arseni Iatseniuk en las funciones de primer ministro. Ucrania continúa su ruta dentro del monorraíl liberal de las políticas de austeridad dictadas por el FMI. A los ojos del poder establecido y cualquiera que sea el precio a pagar, no hay ninguna otra opción válida. Reinando, por lo tanto, el famoso dogma de Margaret Thatcher, “There is no alternative”.
Sin embargo, todos los indicadores económicos del país, que está bajo el yugo de la institución acreedora, se vuelven rojos. La deuda pública del Estado aumentó más de dos veces en menos de dos años, y pasó de 480.000 de grivnas (UAH) el 31 de diciembre de 2013 a 1.185 millones el 30 de abril de 2015. El producto interior bruto (PIB) sufrió una caída del 6,8% en 2014 (pasó de 180.000 millones de dólares en 2013 a 130.000 millones en 2014).
En 2015, el PIB por habitante alcanzó al de Sudán, cerca de 2.100 dólares. El país vio cómo sus reservas en divisas se hundieron a menos de la mitad (-63%) en 2014 –estaban bajo el umbral de 10.000 millones de dólares por primera vez en diez años– con el fin de mantener la moneda nacional, la grivna, que tuvo una fuerte caída con respecto al dólar, y financiar así ocho meses de campaña contra los rebeldes prorrusos en el este del país –conflicto que ya produjo más de 8.000 muertos en 18 meses–.
Reestructuración de la deuda y sumisión
Después de cinco meses de negociaciones, los principales acreedores privados de Ucrania, reunidos en un comité liderado por el fondo de inversiones Franklin Templeton, obtuvieron un acuerdo con Kiev para reestructurar la deuda. El acuerdo conseguido a fines de agosto de 2015 prevé una disminución del 20% de la deuda pública en manos del sector privado (que alcanza los 18.000 millones de dólares), o sea cerca de 3.600 millones de dólares, y un alargamiento de cuatro años del plazo de reembolso de 11.500 millones de dólares.
Franklin Templeton, que posee cerca de 6.500 millones de dólares en títulos (un tercio de las euro-obligaciones ucranianas), firmó un contrato con el fondo de inversiones Blackstone que aconsejará a ese grupo de acreedores privados durante esas negociaciones.
Franklin Templeton, que posee un tercio de las euro-obligaciones ucranianas firmó un contrato con el fondo de inversiones Blackstone
Blackstone, responsable en España de especulaciones inmobiliarias y de expulsiones de viviendas por falta de pago, también es bien conocido en Grecia, ya que aconsejaba a acreedores privados en 2012.
Este fondo de inversiones difunde sus consejos a los mismos acreedores privados frente a otros países deudores como Ucrania. Por otro lado, Ucrania, como Grecia hace unos años, está representada por el banco Lazard durante esas negociaciones de la deuda. En otras palabras, Ucrania se encuentra arrinconada entre los mismos actores ávidos de beneficios que hundieron a Grecia en una crisis sin precedentes: por un lado, Lazard que aconsejó –indudablemente muy mal– a Grecia y por el otro, el fondo de inversión Blackstone, que representó tan bien a los acreedores en Grecia. ¿Con los mismos, comenzamos de nuevo?
El secretario del Tesoro estadounidense, Jack Lew, dio la bienvenida al acuerdo que “ayudará a mejorar las finanzas públicas ucranianas y proveer a las autoridades de un margen de maniobra para ejecutar su ambicioso programa de reformas (…) apoyado de todo corazón por Estados Unidos”. No se puede ser más claro en cuanto a la voluntad del FMI y de su accionista mayoritario, Estados Unidos: el alivio de la deuda, ridículo con respecto a los futuros nuevos préstamos, sólo permite proseguir los reembolsos con intereses y la aplicación de medidas capitalistas. Si a los oligarcas les va bien, por el contrario, el pueblo ucraniano no ha conseguido salir de la crisis.
La deuda con Rusia
Por otra parte, Rusia, que rechazó participar en la reestructuración de la deuda privada liderada por Franklin Templeton, exige el pago de 3.000 millones de dólares –que constituye el primer tramo desembolsado en 2013, de un acuerdo de préstamos de 15.000 millones de dólares concedido por Putin al expresidente Yanukóvich) que vencen el 20 de diciembre de 2015. Pero Rusia, que no tiene derecho a veto en el FMI –solamente tiene el 2,39% de derechos de voto en el FMI– no lo tendrá fácil para que se la escuche por sobre esas euro–obligaciones sometidas a la ley británica.
El FMI desea urgentemente modificar sus propias reglas con el fin de poder proseguir con su plan de ayuda a Ucrania aunque ésta no reembolse su deuda con Moscú. En efecto, según sus propios estatutos, la institución no está autorizada a prestar a un país miembro que se encuentre en cesación de pagos de su deuda (default). El FMI controlado desde su creación por Estados Unidos, exige una liberalización desmesurada de Ucrania, incluso si tal cosa se parezca más a un descenso a los infiernos.
Jérôme Duval
