Tu no pediste la Guerra: Uruguay, en Estado de Sitio Corporativo.
La deuda externa, o el total de deuda pública y privada que se le debe a extranjeros en moneda extranjera, bienes o servicios, sigue siendo un problema aunque parece olvidada. Entre los primeros seis países deudores del mundo están Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos y Japón. Pero si miramos la deuda tomando en cuenta el tamaño de las economías, en términos de porcentajes del PIB, el primer deudor es Japón (200-220 % PIB), lo sigue Grecia (140%), Italia (120%), Irlanda (105%) y los Estados Unidos (102%). Canadá, Alemania y Francia deben un 84 % de su PIB mientras que China y Rusia están ambos por debajo del 20 % de su PIB. La deuda uruguaya entonces no parece tan poca carga para el país porque implica oficialmente un 54% de su PIB. Desde este ángulo la situación de Japón es peor que la de Grecia, y la de los Estados Unidos no está tan lejos de la de Irlanda. Pero mientras los augurios para Japón son buenos Grecia está en la noticia camino al cadalso. El endeudamiento es alto en casi todos los países del mundo y en todos es un problema creciente el pago de los intereses de estas deudas monstruosas. Hasta no hace tanto se hablaba de Japón como un “milagro” económico, pero su economía sufre hoy las consecuencia del crecimiento especulativo y del endeudamiento brutal y a esto se le suma la desgracia nuclear anunciada de Fukushima –sobre la que TEPCO y el gobierno japonés mantienen conveniente mutismo. Es grave para la población de Japón y del mundo pero no faltan quienes la presentan como oportunidad de reconstrucción –son los mismos ortodoxos de la economía del crecimiento infinito y de la acumulación de ganancias a como de lugar.
La Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU) argumenta que la deuda, que sigue creciendo, se sitúa en los 26 mil millones de dólares. Oficialmente el endeudamiento aparece como menor y el manejo de la deuda como saludable. El actual ministro de economía, Fernando Lorenzo, alentado por el aumento de nota de la calificadora Moody ha argumentado incluso que Uruguay merece subir al grado de “inversor” por su actuación económica y financiera. Pero, más allá del positivismo del gobierno, la deuda externa uruguaya se ha demostrado ya peligrosa y capaz de llevar el país a la quiebra, algo que sucedió durante la crisis del 2002-2003, apenas 10 años atrás y aparentemente olvidado -porque si las mentiras tienen patas largas, como asegura Galeano, la memoria tiene unas patas muy cortas.
La situación la presenta en detalle el libro del economista Carlos Sténeri –Al borde del abismo: Uruguay y la Gran Crisis del 2002-2003, y durante la presentación del libro, Alejandro Atchugarry (Ministro de Economía del gobierno de Jorge Batlle en 2002-2003) y Danilo Astori (Ministro de Economía frentista) se expresan como testigos y participantes activos de esos tiempos identificando la importancia de entender la crisis desde adentro. Lee Buchheit, conocedor sobre Ley Internacional, cuando reflexiona sobre la deuda griega incluye la opción de una “quiebra a la uruguaya,” una que implique un plan de renegociación con los acreedores e incluya devaluar la moneda para permitir ganar competitividad y entradas por exportaciones. Buchheit sabe que tal salida no se adecúa a Grecia, pero la menciona como parte del menú de opciones para países con problemas financieros. El libro es presentado de todas formas en un tono apolítico y con el intento, según dice el autor, de relatar los hechos tal y como los recuerda él mismo, mayormente, siendo que no queda otra opción. Aparentemente no se cuestiona nunca el endeudamiento mismo.
Para la gente puede resultar irónico que tengamos nuestra marca en el mundo de las finanzas y como una “opción de quiebra,”estar en el mapa gracias a un “derretimiento financiero.” De esta saga por mantener el status quo preocupa que se lo acepte sin cuestionamientos, y peor quizás, que el proceso aparezca envuelto en una mística patriótica. Consecuencia del estancamiento, de los abusos de la dictadura y las concesiones de la democracia tutelada, un país que no carecía de sentido común y realismo se ha subordinado al cuento de querer “progresar” siguiendo un modelo impuesto a golpes –por el golpe militar y afirmado por la democracia tutelada y dos gobiernos frentistas. Se lo acepta todo, incluso aquello de cada cual para sí, de que endeudarse personalmente es deseable y endeudar al país y entregar su soberanía no es sino un camino al “desarrollo.” Se trata de llegar a ese Uruguay de Primera, de la propaganda, olvidándose de que los países de Primera vienen bajando a alcanzarnos.
El endeudamiento con la banca internacional y las organizaciones financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), anteriormente cuestionado por peligroso e indeseable, es hoy recibido con bombos y platillos particularmente por las autoridades progresistas del país. Un modelo entreguista que no sólo nos cobra intereses enormes sino que nos impone condiciones suicidas a corto y largo plazo –a los gobiernos y a los ciudadanos, en lo formal bancario y en lo estructural, en lo económico y en lo social, nos definen desde afuera. Será por eso que cuando más endeble es la identidad uruguaya, más importante se vuelve la imagen de la “orientalidad” para seguir andando.
Hace falta volver a la memoria. José Antonio Roca, economista uruguayo, durante una reciente entrevista radial recuerda el papel que las instituciones financieras internacionales han jugado en imponer las políticas coloniales de los Estados Unidos en América Latina. Y, que ha sido precisamente por lo destructivo de esas políticas que los economistas de PRIES, un instituto de investigación del país, se referían a ellas como los cuatro jinetes del apocalipsis (BM, FMI, BID y Organización Mundial de Comercio (OMC). Juntas forman una telaraña de dominación económica, una que se divide las tareas para mejor promover las estrategias del imperio. El FMI está a cargo de préstamos a corto plazo, el BM de ajustes estructurales de largo plazo, la OMC de evitar el proteccionismo de los países dependientes y el BID trata de ser la cara más amable atenuando los golpes y tratando de evitar levantamientos populares. Hoy, dice Roca, Uruguay es totalmente ortodoxo en la aplicación del neoliberalismo y en su política de entrega e impunidad de la plaza financiera. Es tanto, explica, que teniendo dinero colocado fuera del país a intereses bajísimos el gobierno, en su ortodoxia neoliberal, prefiere pedir dinero a la Banca Internacional pagando intereses muy altos. Esos dineros en el exterior son la garantía de que seguiremos implementando políticas suicidas y contrarias al interés nacional en el real sentido de la palabra: el de vender a muy bajo precio, o regalar, el patrimonio nacional.
La Banca Internacional y las finanzas se benefician directamente de los intereses que las deudas generan y de la dependencia que aseguran, continuamos enriqueciendo agiotistas y banqueros-gangsters (banksters) propios y extranjeros. Pero en esta encrucijada no estamos solos, nos acompaña un número creciente de países endeudados incluso del Primer Mundo. Por eso aunque se ve hasta ridículo que el Ministro Lorenzo le tironee suavemente la oreja a Moody, (la calificadora norteamericana cuyo nombre en inglés significa “temperamental”), argumentando que ha dado una clasificación injusta, debemos entender su discurso como “normalizador.” En el mundo neoliberal del asalto a los países, el gesto de Lorenzo es simplemente reciclador del status quo. Las calificadoras (Moody, Standard & Poor, Finch) son una herramienta más en la implementación de los asaltos que vivimos: el problema fundamental es aceptar que te “califiquen,” vender tu deuda, vendérsela a cualquiera y pagar intereses de acuerdo a la nota que las calificadoras te asignan. El problema fundamental es aceptar este proceso como legítimo. El Ministro de Economía, el Presidente, los Representantes y Senadores están, con o sin gusto, en las garras de la Banca Internacional y por eso son un componente más de la estafa. Porque es una estafa dejar a los ciudadanos en la calle, hacerlos sufrir pobreza, austeridad, miseria cuando hay alternativas, y quitarles el pan de la boca para dárselo a los más ricos ladrones internacionales. Y esto no por falta de conocimiento, porque el esquema de las calificadoras ha sido cuestionado incluso en su casa, en los Estados Unidos, desde el 2003 cuando la Securities and Exchange Commission (SEC) envía un reporte al Congreso sobre su intención de lanzar una investigación detallada sobre las prácticas y conflictos de intereses de las calificadoras por su vinculación a la Banca. Y luego a partir de la crisis financiera 2007-2009, cuando se evidenció el papel que han jugado en la estructura general del saqueo.
Es por demás terrible que los gobiernos pretendan ignorar lo que sabemos de la crisis en Grecia, el papel de Goldman Sachs exponiendo al país –supuestamente para disminuir el monto de su deuda, a inversiones fraudulentas que resultan en una estafa al patrimonio griego, algo que recién hoy se entiende con total claridad. Atrapada en las redes de Goldman, Grecia queda obligada a pagar y callar dada la dimensión real de su déficit, por encima del techo impuesto por el Tratado de Maastricht y frente al compromiso enorme de los Juegos Olímpicos. Grecia está hoy donde está en gran parte por la manipulación y el robo de los especuladores de Goldman. Pero sin duda la falta de solidaridad de la Unión Europea con Grecia presagia el peor de los finales, y no sólo para Grecia sino para Europa toda, que de no cambiar de rumbo puede caer país por país como un dominó. Y, como no podía ser de otra manera, la culpa cae sobre el pueblo griego acusado de holgazán, evasor de impuestos y de vivir por encima de sus medios. Se trata de hacerle cargar responsabilidades ajenas para “ponerlo en su lugar” porque es el pueblo griego el que tendrá que pagar la estafa, que tragarse el “remedio” de la austeridad, empobrecimiento y desocupación.
Reflexionar parece cosa del pasado, ya no se aprende de la historia, incluso ni de la historia reciente, lo que sabíamos parece hacérsenos olvido. Hablando desde Uruguay, Jorge Aniceto Molinari explica una realidad cuando dice que “fuimos víctimas de un plan orquestado…por los servicios especializados del fascismo internacional.” Un plan que aplicó fríamente “la táctica del aborto” porque entendía que “la maduración de la vida política llevaba inexorablemente” a una sociedad que debería responder a las necesidades de su gente. La guerrilla urbana, dice Molinari, no ha sido sino una excusa para justificar el golpe militar, porque es obvio que para el golpe la guerrilla estaba derrotada. Luego, y una vez consumado el golpe, se hace necesario encontrar formas de volver a la “normalidad”-simplemente porque es peligroso (particularmente para el poder) vivir en estado de sitio constante.
La deuda uruguaya fue más que el botín de los golpistas y de la oligarquía asociada a ellos, fue la cadena con la que nos dejaron atados en el próximo espacio de democracia transada. La cadena que nos mantiene atados hasta hoy. Para 1973 la deuda era de 590 millones de dólares (22,8% del PBI) y a fines de la dictadura en 1985 llegaba a los 4.757 millones de dólares (100,5% del PBI), había aumentando más de 7 veces en 12 años. Al aumentar, la deuda establece una estructura opresora que nos mantiene atados más efectivamente que la fuerza bruta. Desde entonces la deuda sigue creciendo y fortaleciendo esas cadenas de dependencia; se fortalece además a medida que todo cuestionamiento queda sin voz -silenciado o ignorado por una clase política vendida a la Banca Internacional y suficientemente coludida con ella como para definir gritando a coro la realidad aceptada y aceptable. Por allí hasta Jorge Batlle, orgulloso de ser liberal y neoliberal, puede reírse públicamente, y con razón, de lo bien que Tabaré Vázquez define el liberalismo, y de lo poco que habla de socialismo. La clase política, con alguna honrosa excepción, es un águila con dos, o tres, cabezas, surgidas de un cuerpo común, una clase fundamentalmente al servicio de la oligarquía nacional e internacional.
La “deuda cadena” se fortalece también desde afuera. Ramiro Chimuris, por ejemplo, explica como entre 1990 y 1995 España, que ingresa al mercado de la Unión Europea con la “promesa de disposición del mercado latinoamericano para las empresas de origen europeo,” le otorga créditos a Uruguay dentro del programa Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) para atarlo. Y, en 1992 firma con Uruguay el Acuerdo de Promoción y Protección Reciprocas de Inversiones –que no es más que una garantía para las inversiones españolas. A partir de entonces, dice el investigador, comienza la experiencia piloto en Maldonado con concesiones privadas para obras de saneamiento y servicios públicos de agua potable con una filial de SUEZ y una filial de Aguas de Barcelona, de agroindustria y forestación (Herba, Anecoop, Camarma, ENCE), industrial (Fagor, Grup Fibosa, Elequi), financiero (SCH y BBVA), de seguros (Santander), de turismo (Barceló y Sol Melía) y de telecomunicaciones.
Una ideología dominante de no cuestionamiento de la deuda sigue fortaleciendo el proyecto impuesto como opción única y la dependencia y el empobrecimiento, aumenta también la vulnerabilidad nacional producto de la dependencia. La deuda externa, explica Chamuris, ha sido “un mecanismo de dominación por excelencia de los poderes extranjeros sobre nuestros países y ha contado con la colaboración de los distintos gobiernos nacionales de turno.” Resulta vergonzoso que no implementemos la “Doctrina de la Deuda Odiosa” que establece que “aquellas deudas contraídas por gobiernos no democráticos, y en beneficio de quienes detentaban el poder y no en beneficio público, son denominadas deudas odiosas y los pueblos no tienen por qué pagarlas.” Pero lo que aplica al amo no aplica a sus vasallos, por eso aunque el primer cuestionamiento histórico a una deuda odiosa lo hizo precisamente Estados Unidos en 1898 cuando se apropió de Cuba, hasta entonces colonia española, los países latinoamericanos no se atreven a cuestionar. España le reclama las deudas del dictador de la isla a los Estados Unidos y este responde simplemente que la deuda es una deuda odiosa y ese año firma el Tratado de Paris reconociendo el no pago de la deuda en aplicación de esa teoría.
Recién el 2006 un país latinoamericano se atreve a cuestionar la deuda odiosa, se trata de Ecuador que establece un precedente histórico durante el gobierno de Rafael Correa, formando la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) que estudia por 14 meses el pasivo comercial, multilateral, bilateral e interno que Ecuador contrajo entre 1976 y 2006. El caso de Argentina, y tantos otros países latinoamericanos, que han sido un calco del caso de Ecuador, involucrando incluso a los mismos personajes, no parece suficiente como para que los gobiernos latinoamericanos hagan lo propio, prefieren ignorar el precedente. Karina Sáenz, miembro de CAIC, la comisión ecuatoriana mencionada, explica que el pasivo comercial se está pagando desde la dictadura militar de los setenta y que ya para los ochenta la deuda con los bancos internacionales era de 200 millones de dólares pero que en los últimos años había llegado a 4.163 millones debido a refinanciaciones y canjes impuestos por las entidades privadas. Por motivos de pagos, intereses y amortizaciones, Ecuador ha desembolsado hasta entonces, dice, 7.130 millones de dólares, lo que prueba, dice la comisionada, que la deuda no ha sido una fuente de financiamiento para el desarrollo, sino todo lo contrario, un mecanismo de los bancos internacionales para saquear los recursos de nuestros países.
Las conclusiones del Informe final de la auditoría integral de la deuda ecuatoriana dice que los organismos multilaterales, la banca extranjera y demás acreedores, con la participación de autoridades y funcionarios nacionales, impusieron sus condiciones al país, forzaron a un mayor nivel de endeudamiento y a sucesivos procesos de “reestructuración” no transparentes que generaron la transferencia de deudas privadas al Estado, canjes y pagos anticipados injustificados, costos onerosos y operaciones directas en el exterior, sin registro en el Ecuador; y provocaron desvíos y distorsiones en el destino de los créditos para atender las exigencias de pago a los acreedores privados del exterior. En el caso de la banca privada internacional estamos hablando de un reducido grupo de bancos: Shearson Loeb Rhoades, Lloyds Bank, Citybank, JPMorganChase.
A diez años de la crisis del 2002 en Uruguay se continúa diciendo todo lo contrario, el 2011 re-emerge, en el contexto del libro de Sténeri, una “gesta heroica” alrededor del tema del cumplimiento de los pagos de la deuda, presentado como cuestión de honor, de defensa de la palabra empeñada, de la institucionalidad y hasta de la democracia. Metafóricamente la hazaña se pone a la par del triunfo futbolístico de Maracaná, se usa la nostalgia para emparentarnos con “David,” somos el pequeño país con capacidades extraordinarias que se plantea tareas de gigante, y descubre que aún cuenta con héroes de carne y de hueso. La gesta patriótica se propone salvarnos defendiendo la palabra empeñada, mientras Jorge Batlle martilla con el “sabremos cumplir” del himno, elemento que él contribuye a la mística confiando que el país la necesita y debe volver a ella en vez de volver a la verdad. Batlle, a lo mejor en su senilidad ilustrada, olvida que el himno nos habla de “libertad,” que ese es el voto que el alma pronuncia que heroicos sabremos cumplir, el de hacernos libres, no el de esclavizarnos pagando “obligaciones bancarias odiosas.”
Puede que la hazaña alimente ese nacionalismo superficial y poco analítico que nos une huérfanos de clase, color o género, que favorezca que uruguayos y uruguayas se sientan obligados a cederle el paso a esa identidad alternativa conveniente en tiempos de crisis. Los orientales emergen en momentos históricos, como este de salvar a la patria endeudada, y cuando sucede uruguayos y uruguayas comunes quedan de a pie. Es irónico el contexto del hecho heroico, se da en un país falto de hijos que sin embargo envía los hijos que le quedan a la cárcel o los encierra de niños en cajones de lata por ser pobres, o no tener familia y buscar sobrevivir como pueden. Olvidados los sufrimientos y preocupaciones de los más, ese mismo país atiende los trabajos del grupo de trajeados héroes de la crisis porque sus vicisitudes merecen descripción detallada, transmitidas en su textura y su color. Las privaciones y necesidades de la mayoría pueden continuar en blanco y negro, invisibles, sin texturas, pero es necesario que escuchemos atentos y atentas las palabras y rostros sinceros de los héroes que salvaron a la patria del abismo. Viéndolos se hace inevitable pensar que actúan merecen un Oscar, pero sin son sinceros se pasan de inocentes o entienden muy mal la dinámica del robo financiero que mundialmente estamos enfrentando.
Acaso ¿el sacrificio de estos héroes en defensa del honor, la institucionalidad, la democracia, pueda compararse al sacrificio y sufrimiento cotidiano de un pueblo todo que experimenta en su carne los efectos prácticos, materiales, de aquella saga definida casi como gloriosa? Esa masa amorfa de gentes que calladamente recibe la aplicación del compromiso firmado con los más ricos, esos pobres definidos como orientales cuando la patria lo impone, sin consulta y sin voz, para sacrificarlos en defensa de una institucionalidad que nunca los recuerda y que menos los protege, pero que los obliga a aceptar el pago ineludible de una deuda odiosa.
La Red de Economistas de Izquierda argumenta que en los siete años de gobierno del Frente Amplio la deuda uruguaya se duplicó pasando de 13 mil millones a 26 mil millones de dólares y que aunque nos dicen que ha bajado en proporción al PIB, esto sólo es así cuando para este cálculo usan un dólar a 20 pesos en vez de uno a 28 o 29 pesos como antes. Entonces la proporción del PIB de la deuda supera el 70%. Argumentan que se favorece un modelo económico que privilegia los objetivos del capital y no el de las personas o el trabajo. Se atiende la pobreza, si, con asistencialismo, pero este no soluciona problemas de fondo, es la receta que el FMI sugiere desde 1996 para evitarse las protestas sociales. El Banco Central en Uruguay ya no publica datos sobre las ganancias empresariales, no sea que la gente se entere de que estas sí van en aumento. Y si bien es cierto que el ingreso de los asalariados ha aumentado en un 14 por ciento, el de profesionales y gerentes ha aumentado más, un 25 por ciento, y el espacio entre pobres y ricos ha crecido. Se incumple la Ley de Negociación colectiva, razón por la cual la organización sindical PIT-CNT ha elevado una denuncia en la Organización Internacional del Trabajo. El capital extranjero controla varias cadenas productivas fundamentales, como el arroz, la soja y la ganadería. Se argumenta que el capital extranjero aporta recursos que Uruguay no tiene, pero la realidad de Botnia-UPM ha demostrado que no aporta recursos al país sino que se los lleva, en este caso por un total neto de 5.600 millones de dólares. Paralelamente avanza un proceso de reducción de los ámbitos de acción estatal y se amplían los ámbitos mercantiles gracias a la aprobación de una Ley de Participación Público Privado (PPP) que hace que cárceles, centros de educación y hospitales pasen a ser campo de inversiones privadas en la construcción. Son inversiones incentivadas con subsidios en forma de “renuncias” fiscales. Este tipo de leyes, impulsadas por el BM en países dependientes, se vende bajo la lógica de favorecer al capital y aceptando dos supuestos falsos: primero que no existen fuentes de financiamiento menos costosas para estas inversiones, y, segundo, que el estado no tiene capacidad de gestión.
Atendiendo al modelo de país que se impone, vemos que es uno de exportación de materias primas y “comodities.” Es uno que requiere tierra fértil y agua y está atado al éxito del PIB y a su constante aumento. Sabemos el precio que este modelo le cuesta al mundo, sabemos que es inviable porque su inviabilidad se evidencia crecientemente. Uruguay transita ese camino, el de plantaciones de soja (que han aumentado en un mil por ciento, de mil hectáreas el 2000-2001 a un millón el 2010-2011) el de los biocombustibles y la pulpa de papel. La soja constituye hoy el 85 por ciento de los cultivos de verano, se planta en el litoral oeste pero avanza por todo el país. Según el Banco Mundial Uruguay tiene 9.3 millones de hectáreas cultivables -1 millón dedicadas a la caña y 2.7 millones al trigo, al maíz y la soja. No entender el juego de las finanzas, no entender que somos víctimas de una guerra financiera tan o más efectiva que la guerra con soldados, no entender las implicaciones del modelo agrícola que se nos impone es no entender el futuro que se nos abalanza -más dependiente, contaminante de suelos, aguas y aire y con mayor empobrecimiento ciudadano. Se nos ha quedado atravesado el país verde en la garganta, y no es el país esperado, es uno alimentado con venenos y creciendo a la sombra de la angurria corporativa y de la traición nacional.