El 6 de marzo de 2010, los islandeses fueron a las urnas para pronunciarse a favor o en contra de la ley Icesave. Esta ley preveía la nacionalización de deudas privadas y la imposición de medidas económicas antisociales con el fin de conseguir fondos con qué pagar esas deudas. Con una participación que superó el 60%, el NO obtuvo una aplastante victoria: en torno al 93% de los sufragios emitidos, lo que constituye una victoria importante contra el neoliberalismo. Esto será también una victoria para la democracia si, contrariamente a lo que pasó en Francia y en Irlanda recientemente, la decisión de los islandeses es respetada.
Pequeño país de 320.000 habitantes, sin fuerzas armadas, Islandia sufrió con máxima intensidad el azote de la crisis financiera actual. Miles de personas perdieron sus fuentes de trabajo o fueron expulsadas de sus casas. Al mismo tiempo, el Estado desembolsó centenares de millones de euros[1] para nacionalizar los tres principales bancos islandeses (Kaupthing, Landbanski y Glitnir) —totalmente privatizados en 2003— y salvarlos de la quiebra. El pueblo islandés se sintió entonces engañado, y se movilizó masivamente para tratar de hacer pagar el costo de esta crisis a sus responsables: los bancos y los fondos especulativos. Esta presión produjo resultados: el gobierno dimitió a finales de 2008 y, en agosto de 2009 el Parlamento adoptó una resolución para condicionar el reembolso de esta deuda a las «capacidades de pago» del país[2]. Pero los intereses en juego son enormes. El FMI y la Unión Europea ejercieron una fuerte presión para revertir esa orientación. Durante la noche del 30 al 31 de diciembre de 2009, el Parlamento cambió de posición y votó la ley Icesave, que contemplaba confirmar la nacionalización de esas deudas privadas y obtener el dinero, por medio de medidas de austeridad (congelamiento de los salarios, disminución de los gastos públicos…), para el reembolso integral (3.900 millones de euros) de los montos anticipados por los Estados británico y holandés para indemnizar a sus «ciudadanos perjudicados» por la quiebra de el banco en línea islandés Icesave en octubre de 2008[3], de la que el Estado había garantizado los depósitos.
En el contexto de crisis social, pero sobre todo de elevada concientización política, la población islandesa no escuchó con agrado esta nueva disposición: las organizaciones sociales lanzaron una petición contra la ley Icesave y, en pocas semanas se consiguió la firma de más del 25 % del electorado islandés. Ante tal protesta popular, el presidente fue conminado a aplicar el artículo 26 de la Constitución, que estipula que en caso de negativa del presidente a promulgar una ley, ésta deberá ser sometida a consulta popular.
No obstante diversas presiones y amenazas (presión mediática muy fuerte a favor del sí, renuencia a discutir la integración de Islandia en la Unión Europea, bloqueo de la ayuda internacional), rotundamente los islandeses dijeron NO a esa ley neoliberal. Pero es necesario estar muy atentos de que se respete la voluntad ciudadana. Recordemos lo que pasó a propósito del Tratado de Lisboa: luego de que los franceses dijeran NO al Tratado constitucional europeo, el gobierno francés hizo aprobar, de todos modos, el Tratado de Lisboa, que lo ha reemplazado, por vía parlamentaria. Mientras que en Irlanda, luego de una primera votación negativa, el gobierno irlandés impuso un nuevo referéndum a fin de lograr el SÍ. Bien se ve que, cuando el resultado inicial no se considera satisfactorio, los dirigentes con frecuencia se las arreglan para darle la vuelta a la voluntad popular. Sin embargo, será muy difícil hacer esto en Islandia ante tan masiva manifestación de rechazo. Pero la partida aún no está ganada. Ya se habla de una votación inútil, puesto que los islandeses se habrían pronunciado sobre una ley obsoleta. Otra proposición de ley ya está sobre la mesa. Y se ha anunciado otra consulta sobre la nueva propuesta(¿?)…a menos que el presidente acepte esta vez promulgar la ley.
Por lo tanto, si el gobierno islandés tuviese la voluntad de hacerlo, podría rechazar la lógica neoliberal garantizando al mismo tiempo la justicia social. Toda una serie de medidas concretas y alternativas a la lógica capitalista podrían ser implementadas rápidamente con el fin de salvar los empleos y de hacer pagar los costos del salvamento financiero a los responsables: nacionalización sin indemnización del sector bancario, prohibición de nacionalizar las deudas privadas (tal como prevé el artículo 290 de la Constitución de Ecuador), moratoria inmediata sobre el pago de la deuda, realización de una auditoría integral de la deuda islandesa con el fin de repudiar todas las deudas odiosas o marcadas por irregularidades (tal como hizo Ecuador en 2007), impuesto excepcional sobre el patrimonio de las grandes fortunas a fin de desarrollar el empleo público socialmente útil y respetuoso de la naturaleza… Estas medidas son perfectamente realizables y absolutamente legítimas, y así se evitaría que el peso de esta crisis, de la que ya es víctima, recaiga sobre la población islandesa.
Muchos otros gobiernos en el mundo también deberían considerar esas medidas como una obligación desde el punto de vista internacional, por cuanto la mayoría de ellos ratificaron la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986, que estipula en su artículo 2: «Los Estados tienen el derecho y el deber de formular las políticas de desarrollo nacional apropiadas que tengan por objeto el mejoramiento constante del bienestar del conjunto de la población y de todos los individuos, basadas en la participación activa, libre y útil al desarrollo y al reparto equitativo de las ventajas resultantes.»
La historia nos ha enseñado que las medidas progresistas que vayan contra los intereses del gran capital sólo se concretan cuando el pueblo se moviliza ampliamente. Es pues esencial apoyar al pueblo islandés en la puesta en práctica de sus derechos democráticos y en lo que sin duda es el comienzo de una lucha prolongada.
Traducción solidaria: Paulino Núñez, CADTM/AYNA, Venezuela
Notes
[1] A título de ejemplo, el Estado islandés ha desembolsado 540.000 millones de euros para adjudicarse el 75% del capital de Glitnir, el 29 de septiembre de 2009, antes de tomar el control completo algunos días más tarde.
[2] Esta resolución afirmaba que el gobierno dedicaría un máximo del 6% del crecimiento de su PIB a título de reembolso de la deuda, y que si el crecimiento económico fuese inadecuado, Islandia no pagaría nada. Para más información, léase, Olivier Bonfond, « Islande, si la dette ne peut pas être payée elle ne le sera pas », www.cadtm.org/Islande-Si-la-dette-ne-peut-pas.
[3] Ver Jérôme Duval y Olivier Bonfond, «Los islandeses no han dicho su última palabra», http://www.cadtm.org/Los-islandeses-no-han
Olivier Bonfond, Jérôme Duval y Damien Millet son Miembros de CADTM (Comité para la anulación de la deuda del Tercer Mundo, www.cadtm.org
