Introducción
A pesar del establecimiento de un diálogo histórico con La Habana el 17 de diciembre de 2014 y pese a la visita oficial del presidente Barack Obama a la isla en marzo de 2016, Washington sigue aplicando sanciones económicas contra la población cubana, suscitando la incomprensión de la comunidad internacional. Establecidas en 1960, en plena Guerra Fría, las sanciones perduran más de medio siglo después, ocasionan importantes dificultades a la economía cubana e infligen sufrimientos inútiles a las categorías más vulnerables de la población. Su costo elevado y su alcance extraterritorial motivan el rechazo unánime de la comunidad internacional. No obstante la resolución de este conflicto asimétrico depende del poder ejecutivo estadounidense, que dispone de las prerrogativas necesarias para desmantelar gran parte de la red de sanciones impuestas a la isla.
Costo de las sanciones económicas
El 13 de septiembre de 2016 Barack Obama volvió a renovar por un año la Ley de Comercio con el Enemigo, una legislación de 1917 utilizada por primera vez por el presidente John F. Kennedy en 1962 para imponer sanciones económicas totales a Cuba, que prorroga el estado de sitio contra la isla. Esta ley, prorrogada cada año por los nueve presidentes de Estados Unidos desde esa fecha, sólo se aplica contra La Habana.
Una vez más el impacto de las sanciones ha sido dramático para la economía y la sociedad cubanas. En un año, de abril de 2015 a marzo de 2016, costaron 4.680 millones de dólares a la isla según Bruno Rodríguez, ministro cubano de Relaciones Exteriores. En su informe anual sobre las sanciones económicas, las autoridades cubanas estimaron los daños causados a nivel nacional. Resultaron afectados particularmente tres sectores. Primero las exportaciones, ya que Cuba no puede vender bienes ni servicios a Estados Unidos. Luego el costo producido por la búsqueda de mercados alternativos geográficamente alejados de la isla. Y finalmente el impacto financiero, pues Cuba todavía no puede usar el dólar en sus transacciones internacionales, a pesar de las declaraciones del presidente Obama sobre la supresión de esta restricción. “No existe elemento en nuestras vidas en el que no esté presente su impacto”, concluyó Bruno Rodríguez. En total las sanciones económicas han costado 125.000 millones de dólares a Cuba desde su implementación en los años 1960.
Otros sectores vitales, como el de la salud, resultan afectados por las sanciones económicas. Sólo para citar un ejemplo, Cuba no puede adquirir los estimuladores cerebrales profundos, que permiten tratar las enfermedades neurológicas, que produce de modo exclusivo la empresa estadounidense Medtronic. Varios centenares de pacientes cubanos con la enfermedad de Parkinson, que podrían beneficiar de una mejor calidad de vida gracias a este equipo, se ven privados de él a causa de un diferendo político que opone Washington a La Habana desde hace más de medio siglo.
Aspecto extraterritorial de las sanciones
A pesar del acercamiento histórico de diciembre de 2014, varias entidades internacionales fueron fuertemente sancionadas después de esa fecha por realizar, en perfecta legalidad con el derecho internacional, transacciones financieras con Cuba. Así, en mayo de 2015, el banco francés BNP Paribas fue condenado a una multa record de 8.900 millones de dólares por mantener, entre otros, relaciones financieras con Cuba. En octubre de 2015 otro banco francés, Crédit Agricole, tuvo que pagar una multa de 1.116 millones de dólares por el mismo motivo. Conviene recordar que BNP Paribas y Crédit Agricole no violaron ninguna ley francesa y respetaron escrupulosamente el derecho europeo y el derecho internacional. Washington aplicó de modo extraterritorial, es decir ilegal, sus sanciones contra Cuba. Otras entidades financieras también fueron fuertemente sancionadas. Así el banco alemán Commerzbank tuvo que pagar una multa de 1.710 millones de dólares y puso término a todas sus relaciones con Cuba. El poder ejecutivo estadounidense tomó todas estas decisiones.
Margen de maniobra del presidente Obama
No obstante, el presidente Obama lanzó varios llamados al Congreso convidándolo a poner fin al estado de sitio anacrónico, cruel e ineficiente. Expresó varias veces su oposición al mantenimiento de medidas de retorsión económica que además de afectar gravemente el bienestar de los cubanos han aislado a Estados Unidos en la escena internacional. Durante su histórico viaje a Cuba admitió lo siguiente: “La política de Estados Unidos ha fracasado. Debemos tener la valentía de reconocer esta verdad. Una política de aislamiento elaborada para la Guerra Fría no tiene ningún sentido en el siglo XXI. El embargo sólo hace daño al pueblo cubano en vez de ayudarlo. Es una carga de otro tiempo que pesa sobre el pueblo cubano”. La comunidad mundial, favorable a la resolución pacífica de este conflicto, aplaudió este discurso marcado por la lucidez.
Sin embargo la retórica constructiva de Barack Obama no ha sido corroborada por hechos tangibles, a pesar de sus prerrogativas como jefe del poder ejecutivo. Es verdad que el presidente de Estados Unidos restableció el diálogo político con Cuba en diciembre de 2014, amplió el número de categorías de ciudadanos estadounidenses autorizados a viajar a la isla en enero de 2015, retiró a Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo en mayo de 2015, restableció los lazos diplomáticos con la reapertura de embajadas en Washington y La Habana en julio de 2015, autorizó la exportación de bienes y servicios en el campo de las telecomunicaciones en marzo de 2016 (sólo hacia el sector no estatal) y facilitó la reanudación del transporte marítimo de pasajeros entre ambas naciones en mayo de 2016 y de los vuelos comerciales en agosto de 2016.
No obstante, más allá de estas medidas positivas pero muy limitadas, el presidente de Estados Unidos dispone de todo el margen de maniobra necesario para desmantelar la casi totalidad de la red de sanciones impuestas desde 1960, sin necesitar la autorización del Congreso. Barack Obama podría autorizar a las empresas cubanas a abrir cuentas bancarias en Estados Unidos para facilitar las transacciones comerciales y financieras. Podría también poner fin a la persecución financiera contra Cuba, de la cual han sufrido muchos bancos internacionales. En total la administración de Obama infligió multas por un importe total de 14.000 millones de dólares a diversas entidades bancarias del mundo por sus relaciones con la isla del Caribe. Del mismo modo, la Casa Blanca podría permitir el comercio bilateral entre las empresas cubanas y estadounidenses (importaciones/exportaciones). También podría consentir a los capitales estadounidenses la posibilidad de hacer inversiones en Cuba. Por fin, podría, por ejemplo, eliminar la restricción que impide que todo barco, cual fuere su origen, que transporte mercancía a Cuba, entre en un puerto estadounidense durante los siguientes seis meses.
Sólo hay cuatro sectores que el poder ejecutivo no puede tocar sin el acuerdo del Congreso. El Presidente Obama no puede autorizar el comercio entre las subsidiarias de las empresas estadounidenses ubicadas en el exterior y Cuba (Ley Torricelli de 1992). En cambio, puede permitir el comercio entre la empresa matriz instalada en Estados Unidos y las empresas cubanas, lo que hace que resulte de facto inútil toda transacción con una subsidiaria establecida en un tercer país.
Del mismo modo, Barack Obama no puede permitir el turismo ordinario en Cuba (Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales de 2000). En cambio puede perfectamente multiplicar el número de categorías de ciudadanos autorizados a viajar a la isla y ampliar su definición. Así, la Casa Blanca podría redefinir la noción de “viaje cultural” e integrar por ejemplo la visita de un simple museo. De este modo todo ciudadano que se comprometa a visitar un museo durante su estancia en Cuba podría beneficiarse de la categoría “viaje cultural”.
Sin el acuerdo del Congreso, el presidente Obama tampoco puede autorizar la venta a crédito de materias primas alimenticias (Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales de 2000). En cambio puede perfectamente consentir la venta a crédito de todo producto no alimenticio, lo que limitaría considerablemente el impacto de la sanción.
Finalmente la Casa Blanca no puede permitir las transacciones con las propiedades estadounidenses nacionalizadas en los años 1960 (Ley Helms-Burton de 1996). No obstante, puede abrir la vía a todo negocio que implique las demás propiedades de la isla.
Rechazo unánime de las sanciones
Todos los sectores de la sociedad estadounidense están a favor del levantamiento de las sanciones económicas. El mundo de los negocios, mediante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, desea fuertemente su fin pues ve un mercado de 11 millones de habitantes a 150 kilómetros de las costas estadounidenses que acoge a otros inversionistas internacionales. La opinión pública favorece a más del 70 % la normalización completa de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, pues no entiende por qué su gobierno le prohíbe viajar a Cuba para hacer turismo ordinario. Las autoridades religiosas, mediante el Consejo Nacional de Iglesias, han condenado las sanciones por el sufrimiento que infligen a la población de la isla. Los cubanoamericanos, con un 63 % según un sondeo de septiembre de 2016, también son partidarios del levantamiento de las sanciones, pues saben que las medidas económicas hostiles afectan a sus familiares en la isla. Por fin conviene recordar que en 2015, por vigesimocuarta vez consecutiva, 191 países sobre 193 pidieron el fin del estado de sitio contra la isla durante la reunión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Un conflicto asimétrico
Algunos observadores consideran que Cuba debe responder a los gestos que realizó el presidente Obama con cambios de orden interno. Olvidan de hecho el carácter asimétrico del conflicto. En efecto, en el diferendo que opone Washington a La Habana, la hostilidad es unilateral. Cuba no impone sanciones económicas a Estados Unidos, no ocupa de modo ilegal una parte de su territorio soberano (Guantánamo), no financia abiertamente a una oposición interna con el objetivo de conseguir un “cambio de régimen”, no roba el capital humano como lo hace la Ley de Ajuste Cubano, no realiza transmisiones ilegales destinadas a fomentar la subversión interna –como es el caso con Radio y TV Martí- Por otra parte, Cuba es una nación independiente y según el derecho internacional y desde el Congreso de Westfalia de 1648, que reconoce la igualdad soberana entre los Estados, los cambios en la isla son competencia exclusiva del pueblo cubano, el único que puede decidir su sistema político y su modelo de sociedad.
Conclusión
Las sanciones contra Cuba son anacrónicas, crueles e ineficientes. Tienen un impacto desastroso sobre la economía cubana y afectan durablemente el bienestar de la población de la isla. A pesar de las declaraciones constructivas de la Casa Blanca a favor de un levantamiento de este estado de sitio, no se ha adoptado ninguna medida de envergadura para aliviar a los cubanos de este estrangulamiento económico que dura desde hace más de medio siglo y que la comunidad internacional condena de modo masivo. Desde luego, ninguna normalización completa de las relaciones será posible mientras esté en vigor esta política hostil.
Salim Lamrani
Universidad de La Réunion
Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Cuba, ¡palabra a la defensa!, Hondarribia, Editorial Hiru, 2016.
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