Irresponsabilidad social corporativa en Dakota del Norte: La gran banca financia un polémico oleoducto en EE.UU.
Un nuevo proyecto de oleoducto en Dakota del Norte, EEUU, ha provocado un importante movimiento internacional de oposición. El oleoducto, de 1.770 Km y con un coste de 3 700 millones de dólares, prevé transportar más de 500,000 barriles de crudo diarios, dividiendo los territorios sagrados de los nativos americanos así como las tierras que les fueron concedidas por tratados. Pero también amenaza la calidad del aire y los recursos hídricos en la región y supone un impulso importante a la industria petrolera en el peligroso escenario que nos coloca el Cambio Climático.
El pasado 30 de Noviembre, más de 500 organizaciones de la sociedad civil de 50 países firmaron una carta abierta dirigida a 17 entidades bancarias, entre las que se encuentran ING, BNP Paribas, Citigroup o el BBVA, exigiendo la retirada de la financiación del proyecto Dakota Acces Pipeline (DAPL).
Este proyecto supondría la construcción de un oleoducto de 1.770 Km, con un coste de 3 700 millones de dólares, que prevé transportar más de 500 000 barriles de crudo diarios desde Dakota del Norte hacia el centro-oeste y finalmente hasta la costa este y el sur de Estados Unidos. El proyecto de construcción de este oleoducto ha generado un importante movimiento internacional de oposición, liderado por la tribu Sioux de Standing Rock pero apoyada por los gobiernos tribales de más de otras 280 pueblos y con aliados en todo el mundo. Esta creciente resistencia mundial se opone al Dakota Acces Pipeline (DAPL) debido a que la trayectoria del oleoducto divide los territorios sagrados de los nativos americanos así como las tierras que les fueron concedidas por tratados, y a que amenaza la calidad del aire y los recursos hídricos en la región. Además, esta infraestructura es una amenaza climática en toda regla, ya que supondría un impulso importante a la industria petrolera en la región.
El movimiento de oposición al proyecto de oleoducto, que utiliza únicamente métodos de resistencia pacífica para manifestar su rechazo al DAPL, ha sido violentamente reprimido en varias ocasiones desde su puesta en marcha en abril de 2016 por la policía de varios estados y agencias de Estados Unidos, miembros de la Guardia Nacional estadounidense y fuerzas armadas de seguridad privadas que trabajan para los patrocinadores del proyecto. Las fuerzas de seguridad han utilizado perros de ataque, balas de goma, granadas de conmoción, pistolas paralizantes eléctricas y pistolas de pimienta contra los manifestantes de forma indiscriminada, y se han producido numerosas detenciones.
Los bancos que conforman el consorcio que financia el DAPL son signatarios de los Principios de Ecuador, un marco voluntario de buenas prácticas para instituciones financieras orientado a identificar y gestionar los riesgos sociales y ambientales asociados a las operaciones de financiación de proyectos. Estos Principios recogen el respeto de los derechos indígenas, y específicamente el derecho de las comunidades indígenas a negar el consentimiento a proyectos que afectan a sus tierras ancestrales. Por ello, es díficilmente explicable que no se haya identificado desde el principio la contundente oposición al proyecto por parte de la tribu Sioux de Standing Rock, así como las ampliamente documentadas violaciones graves de los títulos de tierras nativas, las amenazas a las fuentes de agua y la profanación de cementerios como razones para que los bancos participantes en el consorcio no financien este proyecto.
Las organizaciones firmantes de la carta, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, instan a los bancos involucrados en la financiación del oleoducto Dakota Access a paralizar el desembolso de nuevos préstamos y a exigir a Energy Transfer Partners, la promotora del proyecto, la paralización total de las obras hasta que los problemas puestos sobre la mesa por la tribu sioux de Standing Rock sean resueltos de forma satisfactoria.
De los 17 bancos contactados, 8, entre los que se encuentra el BBVA, no han respondido a la carta. Los que han respondido se limitan a tomar nota o a alegar que las políticas de confidencialidad aceptadas en la operación les impiden discutir aspectos de esta. Meras formalidades para no asumir sus responsabilidades.
Las respuestas (o el silencio administrativo) de los bancos a la referida carta muestran la nula voluntad que tienen estas entidades financieras transnacionales de cumplir los compromisos que adquirieron con la firma de los Principios de Ecuador y la ineficacia de los mecanismos basados en la responsabilidad social corporativa para proteger los derechos humanos de la actividad de las empresas transnacionales. Estos mecanismos, que son utilizados por las corporaciones para mejorar su imagen pública, se caracterizan por su carácter voluntario y por no ser exigibles jurídicamente, y no sirven para garantizar el respeto a los derechos de las comunidades afectadas por proyectos como Dakota Acces Pipeline.
En los primeros días de este mes de diciembre, el proyecto del oleoducto Dakota Access ha sufrido un importante revés, al ser denegado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos el permiso para perforar bajo el río Missouri en respuesta a una demanda presentada por la tribu Sioux de Standing Rock. Una importante victoria del movimiento de resistencia al oleoducto, ya que supone la paralización temporal de las obras a la espera de nuevos estudios medioambientales. Sin embargo, la batalla no ha terminado. La intención de la promotora, Energy Transfer Partners, es recurrir judicialmente esta decisión y continuar con la construcción del oleoducto sin modificar el trazado. Así las cosas, conseguir la retirada definitiva de la financiación por parte de los bancos referidos continúa siendo un objetivo fundamental en la lucha contra el DAPL.
Yago Martínez Álvarez
Yago Martínez Álvarez: Co-coordinador del Área de Antiglobalización, Paz y Solidaridad de Ecologistas en Acción.
