Global Research

A pesar de la elección del socialista François Hollande a la presidencia de la Republica, Francia, lejos de romper con el modelo neoliberal que ha llevado a una gran parte de Europa al desastre, ha elegido la vía de la austeridad.

Las políticas de austeridad promovidas por la Unión Europea –con la Alemania de Angela Merkel a la cabeza–, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo llevan a un callejón sin salida. Son políticamente impopulares, económicamente ineficaces y socialmente desastrosas. En todos los países donde se aplicaron, sea en Grecia, Irlanda, Italia, Portugal o España – sin excepción– fracasaron con un aumento de la pobreza y el desempleo, crecimiento de la deuda pública, desmantelamiento del Estado de Bienestar con la destrucción de los servicios públicos y una disminución drástica de los ingresos del Estado.

La elección de François Hollande a la presidencia de la República en mayo de 2012 suscitó cierta esperanza entre los ciudadanos franceses de una alternativa a las políticas de austeridad. Pero, lejos de aumentar el salario mínimo de modo significativo y desarrollar la inversión pública –medidas que habrían permitido estimular el crecimiento económico–, el gobierno del Primer Ministro Jean-Marc Ayrault se ha esforzado en aplicar recetas que han demostrado su ineficacia en toda Europa, con la adopción del “pacto para la competitividad” que recomendó el informe Gallois.[1]

El “Pacto para la Competitividad” del informe Gallois

En efecto, el gobierno decidió aplicar las medidas que preconizó Louis Gallois, comisario general para la inversión, que permitirán, según él, mejorar la competitividad de las empresas francesas a nivel internacional, estimular la economía y crear empleos. El presidente Hollande eligió entonces disminuir la fiscalidad a las empresas mediante un crédito de impuesto de 20.000 millones de euros.[2]

Para ello, el Eliseo adoptó dos medidas. En una primera etapa se reducirán los gastos públicos en 10.000 millones de euros. Esto significa que los servicios públicos a disposición de los ciudadanos franceses se verán afectados, con un impacto directo sobre la calidad de vida de la población más necesitada.[3]

La segunda medida es la más impopular ya que Hollande aumentará el IVA, traicionando su promesa de campaña. En efecto, el antiguo presidente Nicolas Sarkozy aumentó las diferentes tasas del IVA: la tasa intermedia pasó del 5% al 7% y la tasa general del 19,6% al 21,4%. Esto representó un alza del IVA de 10.600 millones de euros para los ciudadanos. Una de las primeras medidas que tomó la nueva Asamblea Nacional fue abrogar esta subida del IVA en julio de 2012.[4]

Ahora bien, tres meses más tarde, el gobierno socialista cambió de opinión y aumentó las principales tasas del IVA. Así, a partir del 1 de enero de 2014, la tasa general pasará del 19,6% al 20% y la tasa intermedia del 7% al 10%. Sólo la tasa menor bajará del 5,5% al 5%. Estas medidas representan un alza de los impuestos para los franceses de 7.000 millones de euros y afectarán particularmente a las clases populares. En efecto, este nuevo IVA representa una pérdida de poder adquisitivo de 260 euros por persona y año, es decir un 25% del salario mínimo mensual.[5]

El alza del IVA (+3% para productos tan necesarios como el gas, la electricidad, el transporte, los libros o los medicamentos no rembolsados) ocasionará inevitablemente una disminución de la actividad económica. En efecto, la pérdida del poder adquisitivo se traducirá automáticamente en una reducción del consumo y por lo tanto en una disminución de la producción. Esto conducirá a un aumento del desempleo, y por consiguiente a una disminución de la recaudación fiscal del Estado y un alza de los gastos vinculados a los subsidios de desempleo.

Por otra parte, este plan sólo tiene en cuenta el 20% de la economía del país. En efecto, en Francia, la producción para la exportación sólo representa 1/5 de la riqueza producida. El 80% de la producción del país se destina al uso nacional y resultará afectada por el alza del IVA.[6]

Según el gobierno, este regalo fiscal de 20.000 millones de euros a las grandes empresas permitirá potencialmente crear a plazo 300.000 empleos en Francia entre 2012 y 2017[7]. No obstante, no hay ninguna certeza al respecto. Por otra parte, esta afirmación se encuentra rápidamente en contradicción con la lógica económica. En efecto, admitiendo como exacta la cifra, ello significa que el costo de cada empleo creado es de 67.000€. Ahora bien, la creación de un puesto de profesorado, enfermería, asistencia social o empleado cultural en la función pública cuesta 40.000 euros anuales a la nación. Así, si el Estado dedicara esos 20.000 millones de euros a la función pública, se crearían 500.000 empleos de calidad de modo seguro, es decir 200.000 más, los cuales contribuirían ampliamente a la mejora de los servicios públicos y del bienestar de los ciudadanos.

Las medidas que han tomado el presidente François Hollande y el gobierno de Jean-Marc Ayrault constituyen un contrasentido económico y están condenadas al fracaso. Se inscriben en la línea recta de las políticas de austeridad que se aplican en toda Europa y que han llevado a las poblaciones más vulnerables al desastre.

Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de la Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Etat de siège. Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade.

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