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“Nosotros también queremos que ustedes entiendan que esta es la comida de nosotros”, le decía hace unos meses Maydany Salcedo, líder campesina de Piamonte en la Baja Bota Caucana, a un soldado colombiano que junto con su tropa, armada de fusiles y machetes, había entrado a sus fincas y estaban cortando las matas de coca.

Alrededor de los arrumes de las matas cortadas hacían un círculo treinta campesinos y campesinas, tomados de la mano, buscando impedir que esto ocurriera, lo que ahora se denomina un cerco humanitario. Un disparo rompió la tensa calma que soportaban ya hace días los pobladores de la región cuando llegaron las tropas a ocupar la escuela veredal, “¡arranquen eso!¡arranquen eso ya!” gritó el sargento al mando.

Hace un par de semanas, 8 campesinos, entre ellos un menor de edad, fueron arrestados por soldados en área rural del Caquetá[1], y trasladados en helicóptero a la capital donde los acusaron de “plantación y conservación de cultivos ilícitos” y aunque al otro día el juez los puso en libertad, el hostigamiento a las comunidades persistió. Al siguiente día en dos lugares diferentes de ese mismo departamento -como se les llama a los estados en Colombia-, policías antinarcóticos erradicaron aún cuando el encargado de la policía en una reunión con concejales prometió que la orden del gobierno nacional era suspender el operativo en la región. El doble cara del gobierno le da más fuerza al secreto a voces que expresa el concejal local Federico Alviz “es que nosotros ya no creemos tanta cosa que el gobierno dice”[2].

En el norte del país, ya empezaron a ser asesinados líderes cocaleros. José Yimer Cartagena defendía el proceso de sustitución de hoja de coca, tenía 30 años y era vicepresidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú. Fue encontrado con señales de tortura. Nueve días después, Hernán Enrique Agamez Flórez, líder de Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba fue asesinado y  también trabajaba en la preparación para la implementación de lo pactado sobre sustitución de cultivos. El temor es que mientras se desarticula el orden guerrillero sobre grandes territorios rurales entre ellos cocaleros, otros actores están ocupando su lugar. El Clan del Golfo en el sur del Córdoba y Bajo Cauca es un ejemplo de estos nuevos actores y sus dinámicas que están ofreciendo pagar muy por encima el precio tradicional del kilo de pasta base, un precio pos-conflicto[3].  Uno de los peores escenarios es que carteles mexicanos entren a operar directamente ahí.

Tres ejemplos de persecución, hostilidad y muerte en medio de la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC y el estado colombiano que se están multiplicando por todo el país ¿Qué ocurre en Colombia?¿No que estamos construyendo la paz? ¿Cuál es este nudo en el tejido de la paz? A continuación algunos apuntes para comprender este contexto y los retos de la materialización de un nuevo país en paz, por lo menos en términos de los cultivos de uso ilícito.

El Informe Mundial de Drogas del 2016 muestra que el mercado del consumo de cocaína global va disminuyendo. La prevalencia anual del consumo de cocaína se ha mantenido entre un 0.3% y 0.4% en una población entre 15 y 64 años de edad y cayó la disponibilidad por la reducción de los cultivos de coca. La fabricación de cocaína se mantuvo por debajo del máximo alcanzado en el 2007, llegando a niveles de finales de la década de 1990 (UNODC, 2016)[4].

No obstante, mientras la cocaína en el mundo pierde mercado y atención, las alarmas está en rojo en Colombia. Desde el 2012 aumentaron las áreas cultivadas de coca; solo entre el 2014 y 2015 las hectáreas subieron en un 39%. A pesar de que esto no parece afectar el mercado global, la presión de la embajada estadounidense se ha activado desde el año pasado y la oposición uribista encontró un caballito de batalla política dada la suspensión del uso del glifosato por parte del gobierno de Santos en mayo del 2015 denunciando una traición a la “lucha contra el narcotráfico” y una rendición inaceptable a las FARC[5].

En este periodo también se redactó el punto 4 de los Acuerdos de La Habana denominado “solución al problema de las drogas ilícitas” que tiene tres ejes primordiales: el de los cultivos de uso ilícito, el tratamiento integral al problema del consumo desde la perspectiva de la salud pública, y el ataque al crimen organizado y el lavado de dinero[6]. El primer eje plantea la política del tratamiento penal diferenciado al pequeño cultivador y la construcción de planes de sustitución territoriales con asambleas de cocaleros y cocaleras que entrarían en negociación con el gobierno para determinar los planes de sustitución gradual y concertados[7]. No todo en el acuerdo es color de rosa y he ahí uno de los nudos: si los campesinos no muestran voluntad de sustituir, el estado colombiano puede hacer uso de la erradicación forzada, aún con glifosato.

Otras dos tensiones serias se vienen tejiendo paralelamente a la formulación de los acuerdos. A finales del 2015, Santos lanzó la Estrategia Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, un reencauche burdo de programas que obligan al campesino a cortar todas las matas para acceder a transferencias económicas temporales. Ante el incremento de cultivos y con la necesidad de mostrar resultados, buscan a las malas destruir 100 mil hectáreas por medio de la famosa zanahoria y garrote  sin escuchar a las comunidades, en contravía directa de lo pactado en La Habana sobre la gradualidad y el consenso. La segunda es que el Ministerio de Defensa Nacional a través de la Resolución 3080 del 2016 adoptó una estrategia de lucha contra el narcotráfico en el sector defensa reforzando las viejas estrategias de interdicción y hostilidad sobre los pequeños cultivadores[8].

Enfrentando la eterna esquizofrenia del estado colombiano, esa que Bourdieu y Wacquant plantean como el Estado Centauro, la conjunción de un ala penal y el ala paternalista (Wacquant, L. 2010; Bourdieu, 1997), los campesinos y campesinas cultivadoras y recolectoras se empezaron a organizar para exigir un proceso concertado y gradual. Después de 20 años de la última marcha campesina cocalera en el país, que fue calladamente reprimida con el asesinato de la mayoría de sus líderes y el incumplimiento del estado colombiano de lo pactado, se vuelven a encontrar en el relanzamiento de la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM)[9], de inmediato estigmatizada por Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, como una organización que quiere “obstaculizar el proceso”.

El panorama se hace mucho más complejo cuando queda en evidencia una de las falacias que el estado colombiano ha defendido a capa y espada: las FARC son una narco guerrilla y una orden de la guerrilla podría acabar con los cultivos de coca pues el asunto es más complejo. Un día antes del relanzamiento de la COCCAM, hubo un comunicado común tanto de la guerrilla como del Ministerio del Posconflicto[10] dando el primer paso al plan de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito por medio de apoyos económicos y creando el Consejo de Dirección del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) con cinco asientos para las comunidades. Este fue recibido con desconfianza por los y las líderes cocaleras que no creen en subsidios ni transferencias sino en inversión social integral y no van a erradicar por órdenes de la guerrilla. Por estas sillas, inicia también una pugna partidista[11].

Lo cierto es que a lo largo del país se ha desplegado fuerza militar y policiva arrestando campesinos y destruyendo matas, en contravía de lo acordado en La Habana y provocando ruido en un proceso de implementación de los acuerdos que va lentamente. Las comunidades han expresado abiertamente su interés y compromiso total en la sustitución pero de manera gradual y buscando amarrar lo más posible que el gobierno cumpla lo prometido, después de décadas de desconfianza e incumplimiento estatal y ante unas condiciones del campo críticas.

El estado colombiano tiene la cara de los acuerdos de paz pero mantiene a la fuerza la ejecución de la erradicación forzada. Urge transgredir los eternos lugares comunes y presupuestos falsos de treinta años de “la guerra contra las drogas” en Colombia; la cuestión acá es de hambre y de dignidad, de concertación. Si se está construyendo una paz estable y duradera, esta es la oportunidad para crear soluciones que corresponden menos al trillado discurso del “problema de las drogas ilícitas” y más a la dignidad y bienestar de los hombres y mujeres del campo colombiano.

Estefanía Ciro Rodríguez

Estefanía Ciro Rodríguez: Economista, historiadora y socióloga especializada en políticas de control de drogas, comunidades rurales y Amazonia colombiana. También se desempeña como investigadora de AlaOrilladelRío (www.alaorilladelrio.com).  

 Referencia bibliográficas:

Wacquant, L. 2010. Castigar a los pobres: el gobierno neoliberal de la inseguridad social. Gedisa.

Bourdieu, P. 1996. “Espíritus del Estado” en Revista Sociedad No. 8., UBA Facultad de Ciencias Sociales Buenos Aires, pp. 5.29.

Notas: