La deuda del Estado español está en el punto de mira de toda Europa, ya que los mercados financieros (bancos de inversión, fondos buitres y aseguradoras) han estado y siguen especulando con ella, con un solo objetivo: llevarse jugosos beneficios. Y esto a costa del empobrecimiento de la población en su conjunto, porque toda esta especulación conlleva un aumento progresivo de los intereses a pagar, reduciendo, a su vez, otros gastos del Estado, como ahora: la educación, las prestaciones de jubilación, viudez y desempleo, justicia, sanidad o servicios sociales. Todas estas medidas de austeridad, equivalentes a los planes de ajuste estructural llevadas a cabo en el sur del planeta a partir de los años 80, no hacen más que aumentar las desigualdades sociales, a través del empobrecimiento cada vez mayor de las personas, especialmente de las más vulnerables (mujeres, minorías étnicas, jóvenes, inmigrantes, personas en paro y jubiladas).
No obstante, y en oposición con el discurso dominante, no son los gastos públicos los que han hecho que incrementara la deuda del Estado español. Al contrario, han sido medidas, cuyo beneficio para el conjunto de la población es más que dudoso, las que han provocado los déficits que han obligado un endeudamiento cada vez mayor. Por ejemplo, la baja de impuestos sobre sucesiones y donaciones, sobre el tramo superior del IRPF, y la supresión del impuesto sobre el patrimonio han beneficiado a los más ricos, cuyo patrimonio ha sido también protegido por el fraude fiscal, la bajada de impuestos sobre sociedades y las SICAV, como premio a su avidez y descontrol.
Por lo tanto, la lógica imperante es de hacer pagar al conjunto de la población las ventajas económicas conseguidas por un pequeño número de personas adineradas a través de la deuda. Pero no resulta fácil conocer la proporción exacta del presupuesto dedicado a pagar la deuda. Esto se debe a una voluntad política deliberada de esconder estas cuestiones a la población, facilitada por el carácter peculiar del endeudamiento de los estados, muy diferente al entendimiento general de los préstamos a particulares o empresas. Para estos préstamos, el dinero prestado (llamado capital), así como los intereses, se reembolsan conjuntamente a lo largo del tiempo acordado. En el caso de un estado, solo los intereses de los préstamos (llamados letras, bonos u obligaciones del Estado, según sean a corto, medio o largo plazo) se van reembolsando a lo largo de su duración, mientras que el capital se debe devolver de golpe cuando acaba (vence) el préstamo. Por esta razón, el funcionamiento habitual de los Estados es de endeudarse más para pagar los vencimientos de las antiguas deudas, permitiendo a los estados esconder estos gastos, ya que se equilibran a nivel presupuestario: los gastos por pago de vencimientos equivalen a los ingresos por emisión de deuda nueva. No obstante, aumentando la deuda por el déficit resultando de una mala gestión presupuestaria, se incrementa cada vez más el pago, que a su vez necesita cada vez más emisiones. Además, esta nueva deuda puede ser emitida en condiciones diferentes, por ejemplo con tasas de interés más altas (lo que ha estado ocurriendo últimamente), que desembocan en el clásico efecto bola de nieve (aumento de la deuda por el efecto combinado de altas tasas de interés y nuevos préstamos para pagar endeudamientos anteriores).
El estudio minucioso de los presupuestos generales del estado (accesibles a través de la página web del Ministerio de Economía y Hacienda) permite averiguar la cantidad de dinero gastada por el Estado español a título de reembolso de capital durante los últimos años (ver tabla). Por ejemplo, el reembolso de capital para el año 2010 es comparable al presupuesto total del Estado para ese año. Si sumamos intereses y capital reembolsados últimamente, vemos que entre 2000 y 2010, el Estado español ha reembolsado más de 3 veces lo que debía en 2000, y sigue debiendo casi el doble. Esta tabla también permite ver como los intereses y el capital reembolsados así como la deuda total no han parado de aumentar desde el año 2000, y con la actual especulación sobre la deuda del Estado español, esta tendencia no va a cambiar.
En conclusión, parece totalmente injusto ahorrar sobre los servicios públicos como educación y sanidad para reembolsar una deuda con el fin de aliviar un déficit que benefició a los más acomodados. Bajo presión popular, el Estado tiene que abrir todas las cuentas públicas de la deuda para que el pueblo, apoyado sobre el derecho nacional e internacional, pueda decidir si se debe reembolsar lo que ha sido pagado varias veces y que carece de legitimidad. Así, esta auditoría de la deuda pública española permitiría invertir la transferencia de riqueza operada por el servicio de la deuda en beneficio de los acaudalados tenedores de títulos de deuda hacia la población en su conjunto, para su bienestar.
Yves JULIEN, Jérôme DUVAL
PATAS ARRIBA – Valencia
