A finales del año, la empresa constructora brasileña Odebrecht tuvo que aceptar que había utilizado el sistema bancario estadounidense para llevar a cabo operaciones de lavado de dinero, con el fin de pagar por lo menos 788 millones de dólares a funcionarios corruptos de 15 países, a cambio de la aprobación de contratos de obra de infraestructura.
En consecuencia, el consorcio sudamericano fue multado con 3 mil 500 millones de dólares por la justicia norteamericana.
El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sacó el escándalo a la luz pública. En un comunicado, afirmó que, en el caso de México, los sobornos fueron de 10.5 millones de dólares y que, de esa cantidad, 6 millones fueron a parar a manos de un alto funcionario de una empresa controlada por el Estado mexicano.
Un mes y cuatro días después, el 25 de enero de 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de quien resulte responsable de “posibles actos delictivos cometidos en su contra”.
El 16 de febrero pasado, a través de un boletín de prensa, Pemex dio a conocer que “Derivado de ello, la Unidad de Responsabilidades en Pemex, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, inició investigación para determinar si el soborno fue realizado a funcionarios de esta empresa productiva del Estado y en su caso sancionar a los responsables. Por ello, la Unidad de Responsabilidades realiza un minucioso análisis de todos los contratos celebrados entre Pemex y Odebrecht y sus filiales. Dicha investigación se encuentra en curso.”
Ese mismo día, la PGR informó que su titular, Raúl Cervantes Andrade, había viajado a la ciudad de Brasilia, con el fin de sostener reuniones técnicas y de intercambio especializado de información, relacionadas con el caso de Odebrecht y Braskem.
La PGR tuvo que reconocer que el viaje de Cervantes Andrade obedeció a las solicitudes de asistencia planteadas por la Procuraduría General de la República de Brasil. Además del funcionario mexicano, también acudieron a la capital brasileña los procuradores o fiscales generales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.
“La reunión de Procuradores y Fiscales obedeció a la necesidad de reforzar la cooperación jurídica internacional, auxiliar a los países interesados y obtener pruebas a fin de dar seguimiento a las investigaciones y acciones penales en sus respectivas jurisdicciones, atendiendo a los principios del derecho internacional vigente y a las leyes de cada país”, dijo la PGR el 18 de febrero pasado.
El escándalo Odebrecht subió de tono en México cuando, el 3 de marzo, la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que encabeza el empresario Claudio X. González Guajardo, difundió un documento titulado La conexión Odebrecht-Los Pinos en tiempos de Calderón.
El trabajo, firmado por Raúl Olmos y Daniel Lizárraga, apunta lo siguiente, en sus dos primeros párrafos:
“La Presidencia de México -durante la gestión de Felipe Calderón- y Pemex han sido involucradas en la investigación del caso “Lava Jato”, en Brasil, sobre los sobornos que el gigante de la construcción debrecht repartió en América Latina y en dos países africanos para obtener contratos por miles de millones de dólares.
“Una de las evidencias que involucre a México es un correo electrónico entre dos ejecutivos de ese consorcio, llamados Roberto Prisco Ramos y Alexandro Alencar, en el cual gestionaron una reunion entre Calderón y el entonces president de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva como parte de su estrategia de negocios en Pemex, de acuerdo con una parte del expediente al que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha tenido acceso.”
Los posibles escenarios para México
Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos ventiló el caso -21 de diciembre de 2016-, todavía era presidente de ese país, Barack Obama. Sin embargo, el republicano Donald Trump era, de facto, el Presidente electo.
Los cálculos político-diplomáticos de que Hillary Clinton pudiera capitalizar el caso Obredecht como presidenta de los EUA, por lo tanto, se vinieron abajo.
¿Qué tanta atención le prestará, ahora, la administración Trump? Todavía es muy pronto para saberlo, porque el nuevo mandatario enfrenta la guerra mediática del establishment (o sea, del aparato político-financiero-industrial-militar que ha gobernado a EU desde la sombra), además de la oposición de las agencias de seguridad y espionaje como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Por si fuera poco, las filtraciones de Wikileaks sobre el arsenal cibernético de la CIA y la batalla por el futuro del sistema de salud pública heredado por Obama, acaparan la atención de Trump.
Pero, en el caso de México, las posibles consecuencias políticas del escándalo Odebrecht, sí se pueden prever:
- Si los funcionarios sobornados están o estuvieron ligados al gobierno actual de Enrique Peña Nieto, el costo electoral puede ser crucial en las aspiraciones del PRI, de mantenerse en el gobierno del Estado de México y en la Presidencia de la República. Los partidos beneficiados serían el PAN (que gobernó al país de 2000 a 2012, con Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa) y Morena (encabezado por Andrés Manuel López Obrador).
- Si los presuntos responsables están vinculados a Felipe Calderón -como lo difunde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad-, el mayor beneficiado podría ser el PRI, si Peña Nieto los mete a la cárcel. En segundo lugar, el partido Morena.
- Si los presuntos corruptos recibieron sobornos de Odebrecht en tiempos tanto de Felipe Calderón, como de Enrique Peña Nieto, el que mejor podría capitalizar el asunto en número de votos sería Morena, sin lugar a dudas.
Es necesario decir, sin embargo, que Claudio X. González Guajardo es un empresario mexicano de clara tendencia neoliberal y, por lo tanto, contrario en lo ideológico a López Obrador.
Otro de los organismos que encabeza González Guajardo es Mexicanos Primero, que mantiene una postura totalmente contraria a la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se opone -con paros, plantones y marchas- contra la Reforma Educativa promovida por Peña Nieto.
La gente que rodea a Claudio X. González Guajardo, con María Amparo Casar a la cabeza, es muy próxima a Televisa, lo cual dice mucho en términos de operación política.
Es altamente probable, pues, que el escándalo de Odebrecht en México se trate de endosar a Calderón, con el fin de frenar a su esposa, Margarita Zavala, quien está en franca lucha por la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional.
Pero más allá de esto, lo que los mexicanos desean realmente es que se aplique la justicia a ciegas. Sin partidarismos. Ven que gobernantes corruptos caen en otros países y en México, nunca sucede nada.
No estamos diciendo que se desate aquí una “cacería de brujas”. No. Lo que señalamos es que el poder es sinónimo de impunidad. Es cierto: en México, de vez en cuando mandan a la cárcel a uno que otro “poderoso” que ha osado desobedecer al sistema, o que es tomado como mero “chivo expiatorio”, pero no porque haya una verdadera lucha contra la corrupción.
Cuando ha habido casos como el de la “Casa Blanca”, que dejaron malparados al presidente Peña y a su esposa, Angélica Rivera, simplemente se puso a un incondicional al frente de la Secretaría de la Función Pública (Virgilio Andrade) y no pasó a más.
La sociedad mexicana ha tenido que aprender a lo largo de los decenios que los políticos y sus partidos dicen ser antagonistas, como en la lucha libre, pero en lo privado son los grandes amigos. ¿No acaso trascendió que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari acudió a una fastuosa fiesta organizada por el panista Diego Fernández de Cevallos, hace ya algunos meses?
La partidocracia que gobierna a los mexicanos es un buen ejemplo de delincuencia organizada. Todos se tapan. Sólo descobijan al que se insubordina. Por ello, sigue atorado en el Congreso de la Unión el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual tendrá luz verde hasta que les garantice niveles cómodos de impunidad.
Conclusión: El “pesado brazo de la justicia” se dejará caer en México contra funcionarios menores y se dejará en la impunidad a los poderosos que recibieron dinero ilegal de Odebrecht.
Jorge Santa Cruz
Jorge Santa Cruz: Periodista mexicano.
