IMAGEN: Michel Temer, actual presidente de Brasil.
La asunción del gobierno de Michel Temer ha significado el abandono desde el año 2016 de una amplia coalición de clases sociales, a favor de la opción clasista de los adinerados y la puesta en marcha de reformas institucionales que desarman el patrón de políticas públicas que conformaron la transición desde la dictadura militar.
El ataque a la Constitución Federal de 1988 reposiciona a Brasil interna y externamente en relación a tres aspectos principales:
Por un lado, la realineación con el viejo centro de la dinámica global es la que ha conducido a la pérdida de soberanía nacional. Desde la puesta en marcha del Mercosur, sin embargo, ya desde la segunda mitad de la década de 1980, cuando Brasil y Argentina pusieron fin a la polarización presente entre ambos países durante mucho tiempo, la relación entre Brasil y los Estados Unidos comenzó a verificar cambios significativos. Aunque estos no se produjeron en forma permanente, incluyendo retrocesos en los gobiernos neoliberales de Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso, los cambios más sustanciales se llevaron a cabo en los años 2000, con reafirmación de la soberanía nacional.
La política exterior llevada adelante por los gobiernos liderados por el Partido de los Trabajadores volvió a colocar a Brasil en una base menos pasiva y subordinada al viejo centro dinámico del capitalismo global. De allí, la centralidad de las relaciones Sur-Sur, la promoción de Unasur, las articulaciones de los BRICS con otros países de América del Sur, la política de contenido nacional y de apoyo a la internacionalización de las grandes empresas brasileñas, el nuevo sistema de defensa fuera de la esfera de Estados Unidos fueros decisivos, entre otros, para enfrentar la segunda ola de la globalización capitalista.
Este redireccionamiento no contó -como era de esperar- con el apoyo de Estados Unidos. En cierta forma, y debiendo ello considerarse con las necesarias diferencias, Brasil volvió a conectarse con las experiencias de crisis en el centro de la dinámica del capitalismo mundial, tales como las que se produjeron en los años 1880 (Inglaterra) y 1930 (Estados Unidos), para andar su propio camino.
Las fuerzas internas del golpismo de Estado desde 2016 no parecen encontrarse solas. Por el contrario, y sin oposición de Estados Unidos, las reformas del gobierno Temer se alinean en forma pasiva y subordinada a las fuerzas externas presentes en la actual ola de globalización capitalista.
De allí, la rápida desarticulación de la orgullosa y activa política exterior anterior. El reacercamiento a los Estados Unidos conduce al abandono del Mercosur y. las articulaciones sudamericanas con los BRICS, así como a la defensa mercantilista de los acuerdos de libre comercio promoviendo una pauta reprimarizadora de las exportaciones y de pérdida de relevancia o secundarización de las manufacturas.
Con la misma tónica, fueron abandonadas las políticas tanto de defensa nacional como la de promoción de la internacionalización de las grandes empresas brasileñas con el apoyo de BNDES (Banco Nacional de Desarrollo). Acompaña en cierto sentido, el movimiento impulsado por la “Operación Lava a Jato” que ha llevado a la destrucción de empresas brasileñas internacionalizadas, entre otros sectores, en la construcción, el petróleo y el gas, la construcción naval.
Además de la privatización impulsada de lo que queda del parque industrial nacional, se ha incorporado también la liberalización de la venta de las tierras a extranjeros. De tal forma, también actividades económicas exitosas como las de los agronegocios en tierras tropicales han pasado a ser expuestas al capital monopolista de grandes corporaciones transnacionales.
En el camino de las cadenas de valor globales, el gobierno Temer derrocha toda posibilidad de defensa de los intereses y de la soberanía nacional, a excepción de aquellos pasibles de incorporarse a la segunda ola de la globalización capitalista. En este sentido, la entrega que está en curso de los recursos naturales y la promoción de la exportación de productos primarios parece un retorno a la época colonial, impulsando a convertir los activos públicos en sustento de un largo ciclo de las ganancias de la financiarización de la riqueza.
Por otro lado, la estructuración de una nueva hegemonía política interna permitió el retorno a las reformas neoliberales y el aplastamiento de la nación federal. Esta mayoría que se había organizado en torno a la superación del largo ciclo de hiperinflación brasileña (1978 – 1994) y se mantuvo durante el Plan Real y sus condicionantes, no se mostró suficiente, sin embargo, para garantizar la plena aplicación del recetario neoliberal en Brasil.
Como se sabe, desde la década de 1980 el peaje cobrado por el centro dinámico global para el ingreso subordinada a la segunda fase de la globalización capitalista fue establecido por el Consenso de Washington (1989) como recomendación internacional a ser aplicado por las políticas económicas y sociales nacionales.
El resultado de eso fue la internacionalización del parque productivo nacional, así como la privatización del sector público y la desindustrialización. El deterioro económico y social fue percibido por la población por la ausencia de crecimiento de la producción, con el alto desempleo y la exclusión social, a pesar de la estabilidad monetaria logrado.
Los equívocos en la conducción de la política económica y social neoliberal tornaron el acceso a los flujos financieros dependientes de las altas tasas de interés internas, lo que derivó en la constante apreciación del tipo de cambio y el estímulo, en consecuencia, de las importaciones y al debilitamiento de las exportaciones con mayor valor agregado. En estas condiciones, las reformas neoliberales perdieron apoyatura, con el debilitamiento de la mayoría política construida en Brasil para sustentarla.
Al contrario de lo sucedido en Brasil aceptando pasivamente el programa liberal en la década de 1990, otras naciones han utilizado hasta la ola de globalización – que no significó la uniformización del mundo -para hacer valer soberanamente todos sus intereses nacionales. Un ejemplo de esto ocurrió en Asia, especialmente en China, cuya defensa de la política nacional le permitió llevar adelante reformas liberalizadoras que le hicieron posible avanzar en la industrialización y modernización de su economía y la sociedad.
En cierto modo, la experiencia de los gobiernos dirigidos por el Partido de los Trabajadores en la década de 2000 buscó, aun sin negar la existencia de la segunda ola de la globalización capitalista, una conducción propia de las políticas económicas y sociales nacionales. La unión de una base social heterogénea formada principalmente por los estratos de la sociedad perdedores del neoliberalismo fue suficiente para establecer políticas sociales inclusivas y económicas de crecimiento.
Mientras el país pudo sacar provecho de los vientos favorables de la globalización, la mayoría política se negó al regreso del programa neoliberal. De tal forma, los gobiernos encabezados por el PT pudieron lograr cuatro victorias electorales sucesivas, a pesar de una oposición neoliberal minoritaria y fragmentariamente articulada en torno a alianzas políticas internas y externas.
Desde la gran crisis se inició en 2008, la globalización capitalista ha mostrado cambios significativos en relación al comportamiento que se había observado desde la década de 1980. Por una parte, a pesar del bajo dinamismo económico de todos los países, el comercio exterior pasó a expandirse a una tasa menor que el PBI mundial (estimándose para 2016 un crecimiento del 1,7% del comercio mundial en comparación con un 3,1% de crecimiento del PBI) y una disminución de la significación de la internacionalización de las finanzas (cayó del 20,6% del PIB mundial en 2007 a 2,6% en 2015), mientras que la presencia de importados en la producción importada de diversos países se redujo (del 71% al 65% en China y del 44% a 38% en Estados Unidos entre 2007 y 2015).
Por otro lado, se ha verificado el apoyo creciente en muchos países, especialmente los del centro dinámico global, para el regreso de las políticas proteccionistas y la expansión de los gastos militares. La desarticulación de la Unión Europea, tal como lo demuestra tanto la victoria del Brexit inglés como el ascenso de las fuerzas nacionalistas, se ha sumado el triunfo electoral de Trump en los Estados Unidos con un programa económico y militar distinto al llevado adelante hasta entonces por republicanos (Reagan, Bush padre e hijo) y demócratas (Clinton y Obama).
En este contexto, aunque tal vez tardíamente, el gobierno Temer consiguió convertirse rápidamente en una expresión de una mayoría que no se opone claramente -por ahora – al retorno del recetario neoliberal. Con el colapso de la barrera que se había establecido al neoliberalismo desde 2003 al neoliberalismo, las reformas pasaron a llevarse adelante rápidamente, volviéndose a la agenda que no había podido completarse en la década del 90 en los gobiernos de Collor de Mello y Fernando H. Cardoso.
Un ejemplo de ello también ha sido el aplastamiento del federalismo por el traslado de deudas de estados y municipios, conllevando a la subordinación de las entidades territoriales a la lógica de la privatización y la destrucción de las instituciones que pueden brindar cierta autonomía y mecanismos para apoyar el desarrollo regional y local. En la década de 1990, por ejemplo, la adopción del programa neoliberal de ajuste de los estados y municipios llevó a la privatización de los bienes públicos en todas las regiones como la captura por parte del gobierno central de 277 millones de reales del presupuesto de las entidades federales y la deuda pública aumentó de R $ 111 mil millones a 476 mil millones de reales entre 1997 y 2016.
Resulta claro que del dinamismo económico que se observó durante el ciclo político de la denominada Nueva República estuvo basado en el proceso de industrialización nacional. Por ejemplo, en el período 1985-2015, la economía nacional creció sólo un 2,9% en promedio anual, mientras que en el período de la industrialización que se produjo entre los años 1930 y 1970, el producto interno bruto registró un crecimiento promedio anual de 6, 5%
En tanto, la participación de Brasil en el producto mundial que alcanzó el 4% en 1985, disminuyó al 2,9% en 2015. Incluso con un menor dinamismo económico, la carga tributaria bruta del Estado brasileño aumentó en el mismo período del 24,1% al 32,7%, lo que representa un incremento acumulado del 35,7% o del 1% como promedio anual.
La carga tributaria tuvo un mayor crecimiento para los segmentos de la población de ingreso intermedio, tales como la clase media asalariada y los trabajadores organizados. Mientras que la presión fiscal aumentó en un 69% para aquellos con ingresos mensuales de entre 1 y 2 salarios mínimos y el 63% para los de 2 a 5 veces mínimo, los segmentos con ingresos mensuales de 15 a 20 veces el salario mínimo y más de 30 veces de éste observaron entre los años 1970 y 2000 un incremento del 40,3% y 44%, respectivamente.
Además de la mayor presión fiscal para sectores sociales bajos y medios de la población, la distribución de los fondos recaudados por el Estado durante el ciclo político de la Nueva República fueron dirigidos principalmente hacia dos sectores. Por un lado, el más alto de la pirámide distributiva que se benefició por las ganancias en el mercado financiero por el aumento de los gastos de la deuda pública, pasando de un equivalente al 1,8% del PBI por año al final de la dictadura militar a un 8% del PBI anual entre los años 1990 y 2000.
Por otra parte, la base de la pirámide social fue beneficiada por las políticas universales de acceso a la educación básica, la salud pública y otros programas de transferencia de ingresos. Entre 1985 y 2014, por ejemplo, el gasto social en el país aumentó del 13,5% al 22,5% del PIB, como resultado del proceso de inclusión social, siendo en particular de mayor significación para los sectores más vulnerables de la población en los años 2000.
Los trabajadores organizados y la clase media asalariada terminaron siendo menos beneficiados con esta división general del gasto público total durante el ciclo de la Nueva República. Por otra parte, estos mismos sectores sociales fueron los más penalizados por el avance de la desindustrialización que destruye relativamente más los puestos de trabajo en el sector de fabricación de mayor calificación y rendimiento.
Ante la creciente dificultad para elevar la presión fiscal en un marco de bajo dinamismo económico, sobre todo a partir de la recesión que comenzó en 2015, la presión sobre el gasto público aumentó considerablemente, con excepción de los sectores más ricos. En función de ello, la opción clasista de Temer fue la de reducir el gasto público destinado a la base de la pirámide social, lo que le permitió tener a disposición una proporción asegurada de recursos públicos para atender los gastos financieros.
Las reformas neoliberales impulsadas actualmente tratan de proporcionar las condiciones de una dinámica para la acumulación de capital para los próximos 20 años, sostenida en gran medida, por transferencias del Estado brasileño hacia gastos financieros. Esto ha sido posible incluso en un marco de bajo dinamismo económico a través del recorte del gasto público no financiero, especialmente los costos de personal y los sociales, y también la inversión pública, y la expansión de los ingresos procedentes de las privatizaciones y concesiones del Estado.
Además, se ha abandonado el proyecto integrador de la sociedad, y ha re emergido la perspectiva de una sociedad para un tercio de la población.
Marcio Pochmann
Marcio Pochmann: Político brasileño, economista de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul(1984) y doctorado en Ciencia Económica por la Universidade Estadual de Campinas(1993). Actualmente es Professor Libre Docente de la Universidade Estadual de Campinas y director del Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho (Cesit).
