El pasado 23 de Diciembre el presidente Juan Manuel Santos anunció que la OTAN aceptó la solicitud del Estado Colombiano para establecer un Acuerdo de Cooperación Estratégica y Militar. Este anuncio tiene como antecedente el Acuerdo de Intercambio y Seguridad de Información firmado en Bélgica el 6 de Junio de 2013, ratificado por el Congreso de la República en 2014 y declaro inexequible por la Corte Constitucional al año siguiente. Al decir del Ministro de Defensa de la época a través de este acuerdo se buscaba,
“tener acceso a conocimiento, experiencia, buenas prácticas en materia de misiones de paz, misiones humanitarias, derechos humanos, justicia militar, procesos de transformación y mejoramiento del sector de defensa y seguridad, además de ayudar en la lucha contra el narcotráfico”.
Así las cosas, se trataría desde la perspectiva gubernamental, de una cualificación de las FFMM colombianas en asuntos de operaciones humanitarias y de paz.
El acuerdo Colombia-OTAN de 2013 tenía como uno de sus objetivos estratégicos que el país sudamericano se constituyera en un aliado para combatir “la delincuencia trasnacional y otras amenazas” a la seguridad hemisférica.
Esto es, un territorio para el control geo-estratégico de un continente que durante la última década había puesto en cuestión la capacidad hegemónica de los EEUU. De ahí, el amplio rechazo que generó el acuerdo en los gobiernos boliviano, venezolano, ecuatoriano y brasileño.
En su momento, estos gobiernos señalaron que este acuerdo ponía en cuestión la integración regional y los acuerdos establecidos en el marco de la CELAC y UNASUR a través de los cuales se reconoció a América Latina y el Caribe como zona de paz. Así, la condición de “aliado extra-OTAN” fue catalogada como una amenaza a los equilibrios geopolíticos alcanzados en la región, para Atilio Boron esta iniciativa tenía unas graves implicaciones en tanto conducía a,
tensar la cuerda de las relaciones colombo-venezolanas; amenazar a sus vecinos y precipitar el aumento del gasto militar en la región; debilitar a la UNASUR y la CELAC; alinearse con Gran Bretaña en el diferendo con la Argentina por Las Malvinas, dado que esa es la postura oficial de la OTAN. Y quien menciona esta organización no puede sino recordar que, como concuerdan todos los especialistas, el nervio y músculo de la OTAN los aporta Estados Unidos y no los otros estados miembros, reducidos al triste papel de simples peones del mandamás imperial. En suma: una nueva vuelta de tuerca de la contraofensiva imperialista en Nuestra América.
Este nuevo anuncio del presidente Santos revive algunos de los temores señalados tres años atrás, aunque en un contexto regional menos favorable para frenar los embates imperialistas de esta fuerza político-militar.
Esto a razón del giro a la derecha en Argentina y Brasil y su firme propósito de debilitar los procesos de integración regional, el caso de Venezuela ante el MERCOSUR es ilustrativo de esta cuestión. También, debe leerse este acuerdo como un intento por frenar los espacios ganados en los últimos años por Rusia en la región.
Por eso, es importante el comunicado del gobierno venezolano manifestando su rechazo a dicho anuncio,
El Gobierno venezolano se opone firmemente ante el intento de introducir factores externos con capacidad nuclear en nuestra Región, cuyas actuaciones pasadas y recientes reivindican la política de la guerra (…) Este anuncio desvirtúa los principios de Bandung que dieron origen al Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), que prohíbe expresamente a sus Estados Miembros formar parte de alianzas militares.
Ahora bien, es importante señalar que aunque este anuncio va en contravía de los anhelos de paz del pueblo colombiano y de Nuestra América y de los importantes espacios que abren los acuerdos de paz con las insurgencias, no implica, en si mismo, un freno a lo allí acordado.
Los Acuerdos alcanzados con las FARC-EP son de una gran envergadura política ya que generan condiciones de posibilidad para que se desate la lucha popular en unas condiciones más favorables.
Por esa razón, es fundamental que el movimiento popular y la sociedad civil en general exijan la implementación de todo lo acordado. De igual modo, el gobierno de Juan Manuel Santos debe asumir con férreo compromiso la defensa de la vida de nuestros líderes y lideresas sociales que están siendo sistemáticamente asesinados y amenazados por grupos paramilitares y un sector de la clase dominante enemiga de la paz. Son muchos retos y desafíos a los que nos enfrentamos, por eso saludamos el esfuerzo que hacen los ciudadanos y ciudadanas del Movimiento Político “Voces de Paz y Reconciliación” en procura de la construcción de una paz estable y duradera.
Carolina Jiménez
Carolina Jiménez: Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en Estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
