Global Research

En “El antiminotauro: el mito de una sociología libre de valores”, Alvin Gouldner cimbró al mundo académico al rechazar una de las máximas weberianas que se consideraban prácticamente un dogma en las ciencias sociales: la posibilidad de realizar un estudio sociológico libre de valores. El autor afirma, por el contrario, que el ambiente y los juicios que el científico social realiza influyen más de lo que se acepta en los resultados de las investigaciones, incluyendo la decisión misma del problema a estudiar.

Yo no sólo coincido plenamente con Gouldner sino que entiendo y trato de jugar el papel que me corresponde al analizar mi entorno: priorizar el interés del pueblo mexicano del que formo parte. Así, el presente artículo si bien puede considerarse del género opinión, recoge evidencias históricas, políticas y económicas para brindar una explicación a la más reciente agresión de clase que hemos sufrido la mayoría de los mexicanos mediante el aumento al precio de los combustibles, comúnmente denominado “gasolinazo”.

El gasolinazo neoliberal: Todos, desde De la Madrid, han contribuido

En principio de cuentas es importante destacar que el aumento súbito de en promedio 20% al precio de las gasolinas y diésel es producto directo de la política energética que ha seguido el país desde 1983, apegada estrictamente a los dictados impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y cuyo pináculo fue la contrarreforma energética de 2013. A lo largo de estos 34 años de neoliberalismo en México que podrían resumirse como “la demolición controlada del Estado Mexicano”, el sector energético ha sido el más agredido y codiciado por el alto capital norteamericano y la oligarquía local, misma que participa en el despojo como socio menor.

Los pasos dados por los neoliberales mexicanos para traspasar el sector de manos públicas nacionales a privadas mayoritariamente extranjeras no han sido al azar. Por el contrario, se han diseñado desde los más selectos círculos del poder económico, financiero y académico norteamericano con plena consciencia del profundo significado que tienen Pemex y el petróleo en la memoria histórica del pueblo mexicano.

Al respecto, John Saxe afirma que la hoja de ruta para lograr la privatización de la paraestatal habría sido trazada por la Heritage Foundation en un documento fechado en 1992 y titulado Petróleo y prosperidad: la reforma del monopolio petrolero de México que propone cinco pasos para lograr ese fin:

1. Permitir contratos de riesgo para la exploración y desarrollo petrolero; 2. Permitir que exista inversión extranjera mayoritaria en la petroquímica; 3. Dividir a Pemex en empresas separadas y en competencia; 4. Permitir la competencia interna e internacional frente a Pemex; 5. Privatizar Pemex.[1] (Si bien es cierto que al día de hoy ni siquiera se ha insinuado la posibilidad de privatizar Pemex, de seguir por el camino actual en un máximo de 5 años estará en el piso de remates. Esto porque el precio de las petroleras está determinado por el tamaño de sus reservas, su nivel de producción y el precio de su materia prima, y como ha sido despojada intencionalmente de sus principales activos, desfinanciada y sobresaturada de pasivos, a la brevedad surgirán voces que propongan tal medida al considerarla un lastre financiero para la Nación).

Los gobiernos mexicanos han intentando, desde la década de 1980, desmantelar la industria petrolera nacional

Con este antecedente es posible destacar que todas las administraciones federales de corte neoliberal han contribuido a la consecución de ese objetivo, iniciando por De la Madrid que canceló todos los proyectos de inversión proyectados durante los gobiernos que le antecedieron e inició la desfinanciación de Pemex; Carlos Salinas atentó contra la integración vertical[2] de la paraestatal al dividirla en 4 organismos descentralizados, abrió a la participación privada la petroquímica “secundaria”, elevó su carga fiscal hasta dejarla únicamente con los recursos suficientes para mantener su plataforma de producción de crudo y descapitalizó al Instituto Mexicano del Petróleo; Ernesto Zedillo terminó de abrir el sector petroquímico y creó la figura de los contratos de riesgo, Pidiregas; Vicente Fox, sobreexplotó las reservas y aumentó colosalmente su deuda mediante los Pidiregas; Felipe Calderón entregó a EE.UU. la mayor reserva del país ubicada en el Golfo de México; y Enrique Peña que finalizó la apertura total del sector en 2013.

Para finalizar este punto resulta relevante subrayar que en todo este camino se ha puesto especial énfasis en especializar a Pemex en la producción, cuyo dato más pasmoso es que no se ha construido una sola refinería en el país desde hace más de tres décadas pese a que se han sumado casi 50 millones de habitantes en ese lapso de tiempo. La razón, según argumentaban los voceros y plumas al servicio del régimen durante la discusión de la contrarreforma energética de 2013, se debe a que la entonces paraestatal registraba enormes ganancias en producción y exploración, mientras en la petroquímica se perdían cuantiosos recursos.

Y si bien es cierto que por venta de crudo el país obtuvo ingresos récord en 2011 por 125 mmdd, lo que ocultaban cínicamente es que esa actividad no es ni de cerca la que mayores ganancias genera. Según un estudio hecho por Rafael Decelis en 1996 que usó como base los precios de diciembre de 1994, por cada barril de crudo se obtenían 13 dólares, 26 si se transformaba en gasolina, 59 (promedio) en petroquímicos, 300 en plásticos y 780 en producto terminado; y en lo que respecta a la generación de plazas laborales, cada barril producía 0.01 empleos en Pemex Exploración y Producción, 0.104 en Pemex Petroquímica, 0.672 en Petroquímica Secundaria y 22.7 en industrias de transformación ligadas al hidrocarburo (producción de hilos, telas, botellas, bolsas, plásticos, etc.).[3] Todo ello sin contar un elemento clave: la seguridad y soberanía de la Nación.

En el sector energético la apuesta es argentinizar a México

Contrario a los dichos del Gobierno Federal y la súper cretina cúpula panista que en 2014 pujó para que se adelantara dos años la liberalización del mercado de combustibles inicialmente prevista para 2019[4], el alza en los combustibles sí es una consecuencia directa de la reforma energética de 2013, y más específicamente de sus leyes secundarias aprobadas en 2014. En dicho ordenamiento jurídico se estableció que a partir de 2017 el mercado mexicano de combustibles se abriría a la participación de nuevos actores y un año después se permitiría su libre importación para crear un mercado completamente abierto.

Ello significa que México transitaría de un modelo en el que los precios eran fijados por la Secretaría de Hacienda según variables económicas, sociales y políticas, a otro en el que serían determinados por entes privados según “las leyes de la oferta y la demanda” y criterios estrictamente económicos y financieros; lo que implica de facto la privatización de uno de los aspectos fundamentales de todo negocio: la determinación de su precio al público.

Lo más absurdo es que la administración de Peña Nieto pretende esconder los vínculos con la reforma energética pero sí reconoce en su campaña mediática que el aumento es uno de los pasos iniciales de la liberalización, misma que avanzará durante el año en curso hasta que los precios locales estén a la par de los del mercado internacional.[5] ¡El colmo de la desvergüenza!

Pero la anterior no es la única mentira vil de la estrategia de comunicación gubernamental en marcha. Se desempolvan, por ejemplo, los dichos del criminal David Penchyna que al defender la liberalización del mercado en 2014 aseguraba “el subsidio a las gasolinas en realidad beneficiaba a quienes más recursos y autos tienen”.[6] Lo que nunca mencionó es que la mayor parte de los combustibles se destinan para el transporte de alimentos y productos de primera necesidad desde las regiones de producción hasta los centros de consumo, impactando en su costo y haciendo que las familias de menores ingresos que destinan hasta el 90% de su salario a la adquisición de comida sean las que más recientan la medida.[7]

La propaganda también asegura que la liberalización del ultrasensible mercado de los combustibles provocará que los precios locales disminuyan producto de un mayor número de actores, además de generar más empleos, crecimiento e inversión. Lo llamativo del caso no es que utilicen los mismos argumentos de siempre para justificar las contrarreformas neoliberales que siguen sin traer a los mexicanos el paraíso prometido, sino que dan por sentado que las empresas que entren al país lo harán con los ánimos de desatar una guerra de precios que los impulse a la baja, estrechando con ello sus márgenes de ganancia.

Protestas multitudinarias en todo México contra el gasolinazo

Esta suposición resulta absurda e ilógica porque difícilmente se encontrarán datos empíricos que comprueben fehacientemente que las grandes petroleras se comportan así al entrar a mercados desregulados. Por el contrario, abundan los ejemplos en el que su actuar fue diametralmente distinto y aportaron más perjuicios que beneficios a los países receptores. En Brasil, por ejemplo, Ildo Luis Sauer, director de Petrobras entre 2003 y 2007, afirma que “la apertura no fue benéfica para Brasil y tiene más lecciones negativas que aprender que positivas”.

Respecto a las petroleras transnacionales, aseguró que “una vez que sacas a los leones de las jaulas, ellos entran en el sistema y tienen fuerza para participar con mucha más potencia en el sistema político y económico para dominar los medios de comunicación e infiltrarse en los partidos políticos a través de cabilderos, que son los que están en los congresos y en los palacios”.[8]

Pero el caso tipo que los mexicanos deberíamos tener en mente para pensar nuestro futuro cercano es el de Argentina. Como lo analicé en conjunto con el Dr. Norberto Emmerich en marzo de 2015,[9] la liberalización en Argentina se inició en la década de 1970 y dos décadas más tarde se privatizó la petrolera estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Además, se cedió a la iniciativa privada la explotación de las principales reservas de petróleo y gas, la capacidad de determinar los precios locales del petróleo y sus derivados y la participación en todos los eslabones de la industria petroquímica.

Como era de esperarse, las petroleras que dominaron rápidamente el mercado argentino se enfocaron en maximizar la explotación de los campos en detrimento de su vida útil, así como su exportación sobre el abastecimiento del mercado interno. Las diferencias con las autoridades argentinas se ahondaron con la pesificación de 2002 y el arribo de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, deviniendo un año después en una crisis energética caracterizada por el desabastecimiento crónico de petróleo, gas y sus derivados en el mercado local, constantes apagones y alzas unilaterales en los precios de las gasolinas y el diésel.

El gobierno denunció que los problemas se debían a una insuficiente inversión en la exploración, producción, transporte y refinación, y exigió una disminución de los costos al público. Por su parte, las petroleras afirmaron que los precios demandados por el gobierno argentino eran poco competitivos y les acarrearían grandes pérdidas, por lo que congelaron sus suministros al mercado local y continuaron su exportación como medida de presión para obtener mejores tarifas. Uno de los datos más icónicos de la situación data de 2007, cuando Argentina importó 988.379 toneladas de combustible y exportó 1.657.532 toneladas, situación absurda e innecesaria pero acorde a los intereses de Repsol YPF, Esso y Shell.

Algunas reflexiones a manera de cierre

1. Gracias a la profunda reprimarización económica que ha traído la política neoliberal, un país petrolero de primer orden como México comenzó a comprar petroquímicos en el exterior desde 1987 y hoy se ha convertido en el segundo mayor importador del mundo. El negocio calculado en alrededor de 50 mmdd anuales por Alfredo Jalife[10] sólo tiene dos ganadores claros: EE.UU., nación que vende el 81% de las gasolinas que importa México; y el entramado de funcionarios y empresarios que compran el combustible en el extranjero para luego revendérselo a Pemex.

2. En días recientes han pululado las voces que piden aumentar las importaciones de petroquímicos desde EE.UU. donde en la actualidad son más baratos, entre ellas las de los gobernadores de Nuevo León y Chihuahua. Esta medida si bien podría significar un efímero alivio, en realidad contribuirá al fortalecimiento del círculo vicioso que nos tiene atrapados en la dependencia. Una propuesta viable y ad hoc con el abandono del neoliberalismo que impulsa Trump al norte del Bravo sería utilizar el dinero de las reservas para adquirir refinerías, en lugar de dilapidarlo en la “intervención diaria de Banxico para estabilizar el tipo de cambio”.

3. Sabiendo que México se ha convertido en un país ultra dependiente de las gasolinas estadounidenses, ¿qué pasaría si mañana Donald Trump decide cortar su suministro o aplicarle un impuesto especial a fin de financiar el muro fronterizo? ¿La oligarquía mexicana seguiría diciendo que soberanía no es sinónimo de autosuficiencia sino de capacidad de compra? ¿Cómo recibiría el pueblo mexicano en ambos lados de la frontera tan terrible humillación?

 Edgar A. Valenzuela

Edgar A. Valenzuela: Politólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).