Global Research

Argentina es blanco de varios fondos usureros entre ellos el más conocidos es NML Capital, filial de Elliott Management, registrado en las Islas Caimán. Luego de haber  embargado una fragata argentina en Ghana, estos fondos de inversiones especulativos acaban de ganar el proceso ante un tribunal neoyorquino que condenó a Argentina a pagarle la totalidad de su deuda, no obstante ser en gran parte ilegítima.

NML Capital se aprovechó del caos a inicios de los 2000, cuando 20 millones de argentinos vivían por debajo del umbral de la pobreza, para establecer la estrategia emblemática de los fondos usureros: en primer lugar, compró con un fuerte descuento, bonos emitidos en 1994 (Bonos Globales) considerados incobrables, con la expresa intención de especular, rehusándose a participar, posteriormente, de los canjes de bonos en 2005 y 2010. Finalmente, ha demandado al Estado ante diversas jurisdicciones, particularmente protectoras de los derechos de los acreedores, para forzarle a reembolsar la deuda al 100 por ciento más intereses, multas y diversos gastos de justicia. Hacemos hincapié que este no es el primer intento del NML Capital. Ya en 1999, obtuvo, por una sentencia del Tribunal de Apelación de Nueva York, el pago por parte del Perú, de 58 millones de dólares por una deuda que el fondo había comprado a sólo 11 millones de dólares.

Esta última sentencia contra Argentina es una nueva prueba de que la estrategia inmoral de los fondos usureros funciona ante los tribunales salvo que esta vez, el gobierno argentino se niega a pagar. El CADTM apoya esta decisión soberana de Argentina de no reembolsar al NML Capital y le anima a hacer frente a los demás acreedores rapaces de los que forman parte, también, los Estados miembros del Club de Paris.

En efecto, una gran parte de la deuda argentina es ilegítima. En una célebre sentencia (la «Sentencia Olmos») del 13 de julio de 2000, la Corte Suprema Argentina declaraba la nulidad de esta deuda que se infló durante la dictadura (1976-1983) y ha proseguido su crecimiento durante los gobiernos civiles de Raúl Alfonsín y más aún de Carlos Menem. La justicia argentina había censado al menos 477 delitos en la formación de esta deuda[1]. Argentina estaría por lo tanto en derecho de repudiar toda esta deuda ilegítima.

Para protegerse de los ataques judiciales de sus acreedores y recuperar su soberanía, el CADTM anima a Argentina a retirarse inmediatamente del tribunal del Banco Mundial: el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). En efecto, este tribunal parcial, que no tiene en cuenta los derechos humanos, es la herramienta jurídica preferida de los «inversionistas» privados contra los Estados. La Argentina es el país con más juicios ante el CIADI, con 51 demandas contra ella. Este tribunal la ha condenado ya a pagar 912 millones de dólares: lo que equivale a los salarios anuales de 75 000 médicos en el hospital público. Los procesos en curso podrían hacerle perder 20 000 millones de dólares, es decir 6 veces el presupuesto de salud y 3 veces el de educación.

Rehusar someterse a los tribunales extranjeros, como el del Banco Mundial, cuyas decisiones van en contra de los derechos humanos y de la soberanía de los pueblos, es completamente posible. Es una cuestión de voluntad política. Bolivia, Ecuador y muy recientemente Venezuela lo han demostrado retirándose del CIADI.