El pasado 25 de enero se promulgó el presupuesto de 2010 de la República Democrática del Congo (RDC). Este presupuesto asciende a 6.200 de dólares (esto es, 77 veces menos que el de Francia |1| para una población similar) y está hecho a medida para satisfacer a los acreedores e inversores extranjeros en detrimento de las necesidades esenciales de la población. Mientras que los gastos sociales se limitan únicamente a la remuneración del personal de la función pública, es prioritaria la partida presupuestaria atribuida al pago de la deuda. El Estado congoleño ha previsto consagrar este año unos 430 millones de dólares al pago de su deuda exterior pública, a pesar de la crisis económica y de la ilegalidad de esta deuda. En efecto, todavía en 2010 el pueblo congoleño sigue pagando los atrasos impagados legados por el dictador Mobutu con la complicidad de los acreedores occidentales. En derecho internacional esta deuda se califica de «odiosa». Ahora bien, la doctrina jurídica de esta deuda odiosa constituye una de las excepciones al principio de continuidad del Estado según el cual los gobiernos deben los compromisos financieros de sus antecesores. Así pues, legalmente el gobierno congoleño podría negarse a pagar esta deuda y ahorrarse así cientos de miles de millones de dólares al año.
¿Por qué no lo hace? La explicación reside esencialmente en un cálculo económico hecho a corto plazo: la «ayuda» internacional representa no menos del 46,3% de los ingresos totales del presupuesto 2010 y la RDC espera obtener este año una reducción de su deuda que lleva esperado ¡desde 2003! Así pues, ante semejante dependencia el gobierno congoleño ha elegido plegarse a las órdenes de pago de sus proveedores de fondos en el seno de las instituciones financieras internacionales (IFI) y del Club de París, un grupo informal que reúne a 19 ricos acreedores, entre los que se encuentra Bélgica.
El precio de esta docilidad es muy elevado: la RDC debe renunciar a su soberanía comprometiéndose a seguir al pie de la letra las reformas estructurales dictadas por las IFI en el Documento Estratégico de Crecimiento y de Reducción de la Pobreza (DSCRP, por sus siglas en francés). Conforme a este programa trienal, pálida copia de los planes de ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial al conjunto de los países del sur tras la crisis de la deuda de 1982, el gobierno congoleño debe imperativamente mejorar «el clima de los negocios». En otras palabras, el gobierno debe obrar por el bien de las transnacionales acelerando la liquidación de sus recursos naturales y privatizando sus sectores estratégicos. Esta política de privatización tiene consecuencias importantes no sólo en el plano económico, puesto que implica automáticamente menos ingresos para el Estado, sino también en el plano humano ya que suprime decenas de miles de empleos.
Y estos futuros «ex-trabajadores» congoleños no podrán contar con ningún sistema de protección porque esto podría degradar «el clima de los negocios». En efecto, el Banco Mundial anima a los Estados a eliminar la protección social de los trabajadores del sur, pero también del norte |2|, sobre todo a través de la publicación de su informe anual Doing Business («Hacer negocios») en el que el Banco establece una clasificación de todos los países en función de su facilidad para «hacer negocios» en ellos. ¡Cuánto más facilita el despido la legislación de un país mejor situado está! A modo de ejemplo, Ruanda registra en 2009 la progresión más importante porque los empleadores ya no deben proceder a consultas previas con los representantes de los empleados (concernientes a las reestructuraciones) ni avisar a la inspección del trabajo. A la inversa, Portugal baja de categoría por haber alargado dos semanas el periodo de aviso previo de despido.
Así pues, no resulta sorprendente encontrar al Banco Mundial a la cabeza de la operación «excedencias» en la RDC. Entre 2003 y 2004 este plan de despido ilegal afectó a 10.655 trabajadores de Gécamines (la empresa pública minera situada en la provincia de Katanga) que llevaban varios meses sin cobrar. En este contexto, el Banco Mundial intervino, a petición del gobierno congoleño, financiando estos despidos, pero adoptando la precaución de imponer como condición previa sus condiciones ilegales: el Banco limitó el montante de las indemnizaciones según una forma de «finiquito» y un modo de cálculo que violan el derecho laboral congoleño y las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Mientras que el presupuesto solicitado por la dirección de Gécamines era de 120 millones de dólares frente a los 240 millones reclamados por los trabajadores, el consultor al que el Banco Mundial encargó calcular el montante de la indemnización propone solamente un forfait de «finiquito» ¡de 43 millones de dólares!
A día de hoy los trabajadores de Gécamines no han recibido todavía las indemnizaciones previstas por el derecho y el Banco Mundial sigue haciendo caer toda la responsabilidad sobre el gobierno y Gécamines. Las 10.655 víctimas no se dejan avasallar y se han organizado rápidamente creando el Colectivo de ex-agentes de Gécamines. Varios de ellos piden cuentas al Banco Mundial y se han apoderado de su Panel de Inspección, que se encarga de investigar las violaciones que BM podría haber cometido en los proyectos en los que está implicado. Aunque el Panel haya declarado que su petición es procedente, sus informes no tienen ninguna fuerza vinculante sobre la dirección del Banco. Solamente un veredicto emitido por un tribunal ordinario podría obligar al Banco a reparar los daños causados a la poblaciones. Un proceso contra el Banco Mundial por estas violaciones constituiría un precedente. El Banco no puede estar por encima de las leyes y más teniendo en cuanta que no se beneficia de la inmunidad de jurisdicción. Según sus propios estatutos, puede ser llevada ante la justicia en todos los países en los que dispone de una representación.
Los trabajadores congoleños son víctima de la misma lógica capitalista que prevalece en el norte donde se pisotean los derechos de y al trabajo. Por consiguiente, se debe reforzar la solidaridad internacional contra las políticas antisociales de las IFI y por la anulación total y sin condiciones de la deuda del sur.
Publicado el 23 de febrero en el diario francés L’Humanité, el 24 de febrero en el diario congoleño Le Potentiel y el 26 de febrero en el diario belga La Libre Belgique y en la página web de CADTM (Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (http://www.cadtm.org/).
Notas:
|1| http://www.legifrance.gouv.fr/affic...
|2| Eric Toussaint, Un coup d’œil dans le rétroviseur: L’idéologie néolibérale des origines jusqu’à aujourd’hui, Éditions Le cerisier, 2010.
Texto original en francés : http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=17880
Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
