Rubén y Neida noviaron por unos 3 años y finalmente, decidieron casarse. Ambos vivían en New Jersey. Rubén Quinteros llegó a EEUU hace 10 años y trabajaba como mecánico. Cuando se preparaba con entusiasmo para su boda con Neida Lavayén, una semana antes de la ceremonia, fue detenido y apresado por los agentes del Servicio de Inmigración en el taller donde trabajaba. ¿Su delito?: permanecer en el país sin visa. Quinteros, de nacionalidad uruguaya y Lavayén -colombiana de origen, ciudadana americana, madre de dos niños-, iban a formalizar su vida en familia y también, de ese modo, regularizarían la residencia legal de Rubén en EEUU. Y no pudo ser así: el sueño del matrimonio no se realizó porque Rubén fue encarcelado en Delaney Hall de Newark, un centro de detención privado, y luego deportado a Uruguay por no disponer de su visa en regla (New York Times, 12/11/2011).
El caso de Rubén no es atípico ni fortuito: en la actualidad existen cerca de 300.000 casos de deportaciones pendientes en las cortes. En agosto de 2009, la administración del presidente Obama, a través de su Secretaria Janet Napolitano, sostuvo que reformarían las leyes migratorias, una promesa de los tiempos electorales largamente esperada. Sin embargo, hasta ahora hubo una ostensible reafirmación de políticas que criminalizan a los inmigrantes quienes son tratados como delincuentes. La parte más interesada en que esta situación continúe es la “industria” privada carcelaria en cuyos establecimientos son predominantemente detenidos.
La privatización de las cárceles en EEUU comenzó en los años ´80 cuando la Corrections Corporation of America (CCA, tal su sigla en inglés; www.cca.com) obtuvo un contrato para gestionar una unidad carcelaria en Hamilton County (Tennesse). En la actualidad, las principales “industrias” carcelarias líderes son corporaciones internacionales, tales como: la mencionada CCA; G4s (www.G4s.us), una compañía anglo-danesa, y SERCO ( www.serco-na.com ). En los Estados Unidos, las compañías privadas controlan casi la mitad de los centros de detención, como el caso del centro donde fuera encarcelado Rubén Quinteros (New York Times, 28/9/2011). Reiteradas denuncias de violación de derechos humanos abundan en el currículum de estos centros de detención (www.detentionwatchnetwork.org). Y cabe mencionar que dichas corporaciones también operan en Latinoamérica, como es el caso de la agencia G4s que opera en Argentina, gerenciada por el Capitán (R) del Ejército Argentino, Jorge Aníbal Santiago Cadelago con contratos con la ciudad de Buenos Aires, entre otros.
La principal fuente de beneficios de las cárceles privadas es mantenerlas siempre al máximo (o más) de su capacidad. La estadía por día (como en un hotel) tiene un costo promedio por detenido de 78.88 dólares (1), unos 30.000 dólares por año. Los servicios de estas compañías carceleras al Departamento de Seguridad Interna incluyen no sólo la estadía sino también el viaje: ellos deportan a los inmigrantes a sus países de origen a un costo promedio estimado de 23.000 dólares por pasajero (New York Times, 27/10/2011). Se trata de un negocio millonario para lo cual estas corporaciones realizan cuantiosas inversiones en el lobby hacia políticos, legisladores y funcionarios para sostener y acentuar políticas que los beneficien, tal como lo evidencia un reciente informe de Justice Police Institute (2).
¿Cómo se garantizan el mayor lucro posible estas cárceles privadas? Asegurándose una clientela “cautiva”: los inmigrantes, “garantidos” por las políticas migratorias que el gobierno sostiene mediante leyes que los criminalizan. Ellos “los ofrecen” como negocio a las corporaciones carcelarias mediante diversos mecanismos, tales como: la seguridad fronteriza, la seguridad de aeropuertos, la detención, y la deportación.
Según el último Censo poblacional (2010), 10.200.000 personas son adultos inmigrantes sin autorización para residir en el país y, por ende, potenciales “clientes” para los carceleros privados. Más de la mitad de estos adultos tienen hijos menores de edad. El 58% de dicha población inmigrante, o sea, 6 millones y medio de personas son mejicanos, según el Pew Hispanic Center (3). Si la acción del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos sigue trabajando tan eficientemente, en unos años, habría deportado la población equivalente a todo el país de Bolivia, dejando en el país, más de 5 millones de niños sin uno (o ambos) padres.
La privatización de los servicios públicos alcanza en EEUU niveles inverosímiles y la búsqueda de beneficios como esencia del sistema que pregona, no se ahorra el espanto. En el sistema educativo, los niños y los jóvenes no son estudiantes y ciudadanos con derecho a aprender sino, en primer lugar, clientes. En el sistema de salud, los enfermos no son pacientes a ser curados, sino clientes cuyos bolsillos deben ser extirpados. En el sistema de seguridad, el principal objetivo no es el bienestar de la comunidad sino la búsqueda de lucro apresando la mayor cantidad de “clientes” inmigrantes para satisfacer la necesidad de más y más beneficios de sus carceleros, llenando su capacidad hotelera -perdón-, carcelera al único costo de destrozar familias enteras (ajenas o “alien”, tal el término usado en inglés).
(1) “Correctional Yearbook”. American Correctional Association: Alexandria, VA, 2009
(2) “Gaming the system: How the political strategies of private prison companies promote ineffective incarceration policies”. Justice Policy Institute: Washington D.C., June 2011 (www.justicepolicy.org)
(3) Paul Taylor, Mark Hugo Lopez, Jeffrey Passel, and Seth Motel, “Unauthorized Immigrants: Length of Residency, Patterns of Parenthood”. Pew Research Center, 1 diciembre 2011. (www.pewhispanic.org )
Cristina Baccin : Escribe desde ESTADOS UNIDOS – Periodista – Fue Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN (Prov. Buenos Aires, Argentina), Profesora e Investigadora en Comunicación Social en Argentina (Univ. Nac. de La Plata, Universidad Nacional del Centro de Bs. As., entre otras) y España (Univ. Pont. de Salamanca). E-mail: [email protected]
