A nueve meses del devastador terremoto que daño severamente la costa ecuatoriana, hoy el país se levanta con una capacidad de recuperación impresionante y una reactivación económica en curso.
El pasado 16 de abril un sismo de magnitud 7,8 con epicentro en Pedernales, Manabí, sacudió esa y otras localidades con un saldo de 671 muertes, más de 12 mil heridos y pérdidas materiales valoradas en más de tres mil 300 millones de dólares.
Desde el momento del temblor las autoridades ecuatorianas activaron sistemas para empezar a trabajar en la atención a damnificados, remoción de escombros y poner un práctica programas de reconstrucción de las zonas afectadas.
Mucho se ha hecho desde entonces, empezando por garantizar el proceso docente de todos los estudiantes en centros temporales.
Hoy, Manabí y Esmeraldas, la otra provincia más golpeada por el terremoto, cuentan con nueva infraestructura en un total de 26 instalaciones con todas las condiciones para el adecuado proceso educativo y sistema antisísmico, que albergan a miles de alumnos.
En salud, se levantaron centros asistenciales y recientemente las autoridades comenzaron la ejecución de un hospital en Manabí.
La Secretaría para la Reconstrucción y Reactivación, creada por la vicepresidencia, define el destino de los fondos asignados para esos fines mediante la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, iniciativa gubernamental encargada de atender de manera emergente la catástrofe.
Y pese a las críticas de grupos opuestos a la regulación, son muchos los avances obtenidos gracias a la normativa.
La Ley contempla varias medidas, entre las que resalta el aumento temporal de dos puntos del Impuesto al Valor Agregado, IVA, (del 12 al 14 por ciento) con la finalidad de recaudar unos mil millones de dólares para distribuirlos en programa de reconstrucción, algo también cuestionado por unos pocos.
Hasta agosto pasado, la administración nacional recaudó cerca de 300 millones de dólares, y sin embargo, más de 585 millones de dólares se habían destinado a proyectos, cerca del doble de lo recuperado por la propia Ley.
La generación de más de 10 mil empleos directos y alrededor de 30 mil indirectos en labores relacionadas con la propia recuperación, es una de las muestras de los logros, luego del sismo.
Según datos ofrecidos por el secretario para la reconstrucción, Carlos Bernal, varios albergues ya cerraron y cientos de damnificados fueron beneficiados con bonos para construcción, reconstrucción o reparación.
Al cierre de agosto, el gobierno entregó 12 mil 942 bonos de acogida para las familias damnificadas, mil 623 bonos de alquiler y 26 mil 76 de alimentación.
Esos recursos permitieron bajar la cifra de albergados de alrededor de 10 mil a unos ocho mil 300.
En cuanto a la asistencia a otros sectores, la administración nacional invirtió solo en los primeros cuatro meses, 27,6 millones de dólares para reponer el sector eléctrico, 7,7 millones en rehabilitación del sistema de agua potable, 119 millones en educación y 8,3 millones en salud.
Los nueve meses del terremoto fueron recordados la víspera por el presidente de la nación, Rafael Correa en su cuenta en Twitter, donde se refirió además a grupos de oposición y medios de comunicaciones que criticaron la Ley de Solidaridad y los programas del gobierno.
‘Hoy se cumplen 9 meses del terremoto del 16A., pero cierta prensa y oposición -que trataron de impedir Ley de Solidaridad- ahora critican que no se ha resuelto todo’, escribió el mandatario en la red social.
‘Lo que se ha hecho es histórico, y no paramos un minuto, pero la reconstrucción durará años. Se han perdido $3.300 millones. Tan solo en viviendas, hay cerca de 45.000 que construir o reparar. Ojalá se tenga más responsabilidad para informar’, puntualizó el Jefe de Estado.
Sinay Cespedes Moreno
