Bolivia: ¿un capitalismo andino-amazónico?
Eric Toussaint
Enfrentamientos izquierda-derecha en Venezuela y Bolivia[1]
Venezuela y Bolivia sufren verdaderas batallas entre la izquierda en el gobierno y la derecha que, a pesar de estar en la oposición, posee el poder económico y mediático (sin contar los poderosos apoyos que cuenta en el aparato del Estado —ministerios, justicia, una parte del ejército y en la jerarquía religiosa (sobre todo católica y protestante).
En Venezuela, las batallas más agresivas libradas por la derecha comenzaron después del tercer año del gobierno de Chávez, es decir a comienzos del 2002. Tomó la forma de grandes enfrentamientos, como en el golpe de Estado de abril de 2002, en el lock-out patronal de diciembre de 2002-enero de 2002, en la ocupación de la plaza Altamira en Caracas por generales sediciosos y dirigentes de la oposición política. Y estos actos comenzaron a disminuir su intensidad después de agosto 2004, gracias a la victoria del No en el referéndum revocatorio del presidente Chávez. [2] Desde entonces, la derecha busca ocasiones para retomar la iniciativa, pero su capacidad de movilización se ha reducido mucho.
En Bolivia, la derecha entabló verdaderas batallas en 2007 y 2008, después de menos de dos años de gobierno de Morales. Utilizó muchas veces la violencia y eligió una estrategia de batallas frontales en 2008. La victoria de Evo Morales en el referéndum revocatorio de agosto de 2008, con el 67,43 % de los votos,[3] no condujo a una reducción de la violencia de la derecha. Por el contrario, esta violencia fue in crescendo durante varias semanas después de su fracaso en el referéndum, especialmente porque se sentía capaz de reunir una mayoría en varios departamentos clave del este del país. La muy fuerte reacción del gobierno y la movilización popular frente al asesinato de partidarios de Evo Morales en el departamento de Pando (unido a la condena internacional, en particular por UNASUR, que se reunió de manera extraordinaria en septiembre de 2008 para aportar su apoyo al gobierno constitucional) acabaron en un armisticio (provisorio). Después de un año de boicot, la derecha se comprometió a aceptar la organización de un referéndum sobre la nueva Constitución, que desembocó en una nueva victoria de Morales a fines de enero de 2009, ya que fue aprobada por el 62 % de los votantes.
Retorno sobre los enfrentamientos en Bolivia en 2008
En el año 2008 el gobierno de Evo Morales tuvo que hacer frente a la violenta oposición de una derecha que representa los intereses de la clase capitalista local (industriales, grandes terratenientes y grupos financieros), vinculada a los intereses de transnacionales privadas que explotan los recursos naturales (petróleo gas, diversos minerales). El vicepresidente, Álvaro García Linera, presentó en una entrevista[4] una visión estratégica de este enfrentamiento. Parte del hecho comprobado de que la derecha, negándose a aceptar su posición de fuerza política minoritaria optó por la secesión de los ricos departamentos orientales.[5] Describe a continuación la política seguida por el gobierno, que rechazó repetidamente el enfrentamiento antes de recurrir a la fuerza. He aquí algunos párrafos destacables de la entrevista:
«La derecha no estaba dispuesta a ser incluida en el proyecto nacional-popular como fuerza minoritaria y dirigida, y optaba por la conflagración territorial La lucha por el poder se acercaba al momento de su resolución bélica o última, en la medida en que en última instancia, el poder del Estado es coerción A esto es que denominamos “punto de bifurcación”, o momento en que la crisis de Estado, iniciada ocho años atrás, se resuelve ya sea mediante una restauración del viejo poder estatal o bien mediante la consolidación del nuevo bloque de poder popular. […]
»Tras los resultados del referéndum aprobatorio en agosto, el bloque cívico-prefectural [es decir la derecha, nota del autor] inició su escalada golpista: toman las instituciones, esperamos; atacan a la policía, esperamos; destruyen y saquean las instituciones públicas en cuatro departamentos, esperamos; desarman a soldados, esperamos; toman aeropuertos, esperamos; destruyen ductos, esperamos. Ellos mismos se lanzan desbocados a un callejón sin salida.[…]»
Y viene Pando…
«El prefecto desata la masacre de Pando[6] en un intento de dar una señal de escarmiento a los líderes populares… y este acto colma la tolerancia de la totalidad de la sociedad boliviana. La masacre de campesinos igualará a los prefectos con su mentor, Sánchez de Losada [el presidente derrocado en octubre de 2003 par la ira popular] o García Meza[7], y pondrá en manos del Estado la obligatoriedad de una intervención rápida, contundente, en defensa de la democracia y la sociedad. Y sin dudar un solo segundo, se lo hará en el eslabón más débil de la cadena golpista, Pando. Se tratará del primer estado de sitio en la historia boliviana dictado en defensa y protección de la sociedad, encontrando el pleno apoyo de la población, horrorizada por la acción de los golpistas. Esto, sumado al rechazo internacional de los golpistas, detendrá en seco la iniciativa cívico-prefectural, dando lugar a su repliegue desordenado. Es el momento de una contraofensiva popular, cuya primera línea de acción serán las organizaciones sociales y populares del propio departamento de Santa Cruz[8]. No sólo campesinos y colonizadores[9] se movilizaron sino también pobladores de los barrios plebeyos de Santa Cruz y especialmente jóvenes urbanos, quienes, en memorables jornadas de resistencia a las bandas fascistas, defenderán sus distritos y quebrarán el dominio clientelar de las logias cruceñas.
»La contundencia y la firmeza de la respuesta político-militar del gobierno contra el golpe, sumada a la estrategia de movilización social en Santa Cruz y hacia Santa Cruz, creó una articulación virtuosa social-estatal pocas veces vista en la historia política de Bolivia. Esa era la dimensión y la extensión general del “ejército” y las “divisiones movilizadas” en contra del golpe. Esa era la fuerza de choque que el proyecto indígena-popular desplegaba para el momento definitorio de fuerza. La derecha evaluó sus fuerzas de choque aisladas y en desbandada, comprobó la voluntad política del mando indígena-popular que estaba dispuesto a todo y prefirió abdicar de sus propósitos y rendirse. De este modo, se cierra el ciclo de la crisis estatal, de la polarización política y se impondrá, en una medición bélica de fuerzas sociales, la estructura duradera del nuevo Estado.»
García Linera prosigue, estableciendo un paralelo histórico: «Una cosa parecida sucedió el año 1985[10], cuando los mineros, que eran el núcleo del Estado nacionalista, se rindieron ante las divisiones del ejército que resguardaban el proyecto neoliberal. Hoy le tocó al bloque empresarial-terrateniente asumir la derrota y dar paso a la nueva correlación de fuerzas políticas de la sociedad. A su modo, septiembre-octubre del 2008 tendrá el mismo efecto estatal que la derrota de la “marcha por la vida” de los mineros de 1986. Sólo que ahora será el bloque plebeyo el que festejará la victoria y las elites adineradas tendrán que asumir su derrota histórica. […]».
Hasta aquí, García Linera desarrolla un punto de vista optimista sobre la derrota política de la derecha, pero más adelante en la entrevista, él mismo señala que a ésta no le faltan puntos de apoyo para reaccionar y tratar de recuperar la iniciativa para acabar con la experiencia de izquierda en curso: «La burguesía rentista e intermediaria ya no tiene a las empresas petroleras como generosas financistas de sus ingresos. La red clientelar agraria que los rentistas de la tierra crearon en el ámbito agroindustrial se ha debilitado enormemente con la presencia de la empresa estatal de alimentos EMAPA, y la presencia pública en la cadena soyera, triguera, arrocera llega entre un 20 a un 30 % del total de la producción. Pero aún el bloque opositor irreductible conserva otros espacios importantes de poder agrario[11], comercial y financiero, y eso le da a la larga capacidad de agregación, presión y confrontación. Pero hoy, y eso puede durar unos años, lo que no tiene es un proyecto de Estado; cuánto tiempo no lo tendrá, quién sabe, pero tiene un proyecto de tratar de impedir que siga avanzando el proyecto popular. A diferencia de las clases populares, que en 1985 son derrotadas, y materialmente son desestructuradas para dar lugar a un ciclo lento de reorganización, la derecha no. La derecha ha sufrido un golpe político, ha perdido el mando del Estado, ha perdido la capacidad de seducir estatalmente a la sociedad, pero tiene mucho poder económico todavía. Es distinta la forma de consolidación del punto de bifurcación cuando es el sector popular el derrotado, política y materialmente, que cuando se trata del sector empresarial, porque puede perder en lo político pero conserva poder económico que le permite tener poder de veto permanente.»
Reivindicaciones de los pueblos indígenas originarios[12] y progresos en la Constitución de 2009
Para entender el proyecto político indigenista defendido por importantes organizaciones relacionadas con el MAS, el partido que llevó a Evo Morales a la presidencia de Bolivia, hay que remitirse al Pacto de Unidad, hecho público en septiembre del 2006 para preparar la Asamblea Constituyente.
Autonomía: «La autonomía indígena, originaria y campesina, en tanto que eje fundamental del proceso de descolonización y de autodeterminación, es la condición y la base de libertad de nuestros pueblos y naciones. Ella se basa en unos principios fundamentales, generadores de unidad y de articulación social, económica y política, no solamente entre nuestros pueblos y naciones, sino igualmente en la sociedad en su conjunto. Ella tiende a la construcción permanente de una vida plena entera, mediante formas propias de representación, administración y propiedad de nuestro territorio.»
Régimen de bienes raíces y territorial: «El derecho original sobre los recursos no renovables pertenece a las naciones y los pueblos indígenas originarios y campesinos. La propiedad de los recursos no renovables, en cuanto a ella, en partes iguales a las naciones y los pueblos indígenas originarios y campesinos y al Estado unitario plurinacional.» Esta formulación está sujeta a diferentes interpretaciones. En efecto, lo que tiende a predominar en la política del gobierno de Evo Morales es la explotación de los recursos naturales por el Estado, como afirma con toda claridad el vicepresidente de la República en una reciente entrevista (véase más adelante «la explotación de los recursos petroleros de la región amazónica de Bolivia»).
Latifundio: [El Estado] «debe distribuir las tierras de manera equitativa, garantizar los derechos y necesidades actuales y futuras de las naciones y los pueblos originarios y campesinos y velar por el bienestar del conjunto de la población.»
Educación: «La prioridad del Estado plurinacional es dar a la educación, pilar fundamental, un carácter intracultural, intercultural, pluricultural y plurilingüe, en todos los escalones y bajo diversas formas; conforme con la diversidad étnica y lingüística del país, la enseñanza y la administración utilizarán prioritariamente la lengua indígena, el español después como lengua de comunicación intercultural.»
El Pacto de Unidad reclama también la coexistencia de los sistemas jurídicos indígenas originarios y campesinos con el sistema jurídico occidental y la creación de un cuarto poder independiente del Estado: el poder social instituyente alternativo que encuentra su fuente en los movimientos sociales. El tema del poder social plurinacional fue ampliamente debatido, en tanto que «cuarto poder» de carácter civil y corporativo (sus miembros serían elegidos por los usos y costumbres y por sufragio universal).Tendría como atribución «velar y controlar» los poderes del Estado y la facultad de sancionar, manteniéndose independiente de los mismos. —un idea que finalmente no fue recogida en la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE).
La nueva Constitución, aprobada finalmente en enero del 2009 en referéndum constitucional por el 62 % de los votos, constituye un adelanto para los pueblos indígenas y originarios. Esta Constitución garantiza, entre otras cosas, el reconocimiento de las lenguas indígenas, el reconocimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígenas al ejercicio de su propio sistema político, jurídico y económico, el establecimiento de territorios «indígenas originarios campesinos» dotados de competencias en términos de definición de la forma propia de desarrollo, de la administración de la justicia indígena, de la gestión de los recursos naturales renovables, etc. Estos derechos están garantizados en varias partes de la Constitución. A continuación la versión integral de la Parte I , Título II, Capítulo 4 de la nueva constitución boliviana:
CAPÍTULO CUARTO
DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS CAMPESINOS
Artículo 30.
I. Es nación y pueblo indígena originario campesino, toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.
II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesino gozan de los siguientes derechos:
1. A existir libremente.
2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión.
3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal.
4. A la libre determinación y territorialidad.
5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.
6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.
7. A la protección de sus lugares sagrados.
8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.
9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.
10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.
11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.
12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.
13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales.
14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión.
15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan[13].
16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios.
17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.
18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.
III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley.
Artículo 31.
I. Las naciones y pueblos indígenas originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva.
II. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan.
Artículo 32
El pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
La prueba del poder para el MAS
El partido del presidente Evo Morales, el MAS-IPSP (Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos) tiene la particularidad de haber sido creado, a finales del los años 90, por organizaciones sindicales campesinas.[14] En lo que respecta a la naturaleza social del MAS, Pablo Stefanoni[15] se pregunta actualmente si no sería más interesante estudiar este movimiento político en tanto que partido de pequeños propietarios rurales y urbanos (comerciantes, pequeños empresarios) de origen indígena. Desde este punto de vista se modifica la comprensión de esta organización política, vista hasta aquí como una emanación de los movimientos sociales de los más oprimidos. En efecto, se trata de pequeños propietarios, que sería un error marginar, pues encajan perfectamente en un proceso de construcción de una sociedad alternativa a la capitalista, una sociedad de transición hacia el socialismo. Stefanoni plantea otra pregunta que profundiza el interrogante: «La acumulación familiar —rebautizada “capitalismo andino”— ¿no se basa de todos modos en formas de explotación y autoexplotación de los menos iguales, generalmente peores, que las que prevalecen en el capitalismo formal, regulado por el derecho del trabajo?»[16]
Disponiendo desde el año 2006 de una mayoría en la Cámara de diputados, el MAS ha afrontado el ejercicio del poder político. Con el tiempo, como todo partido de izquierda que hace el ejercicio concreto de la participación en las instituciones parlamentarias y en el gobierno, se produce una evolución. El MAS no es una excepción. Como dice claramente Stefanoni, el razonamiento de cierto número de militantes cambia: «de la política debe servir para cambiar el país», se pasa a «¿por qué no tengo derecho a un cargo, cuando he hecho campaña y me he batido para que el MAS gane?» Es esto tan frecuente por que, según una regla de funcionamiento del MAS, los candidatos pagan ellos mismos los gastos de su campaña electoral, lo que significa que cierto número de ellos (¿la mayoría?) se endeuda para poder emprender una campaña que le permita tener posibilidades de ser elegido.[17] En ciertos casos, también se comprometen a fin de asegurar los apoyos. Esto propicia el clientelismo, que ya impregnaba la vida política del país.
Cuando el MAS, accedió al gobierno, proclamó que rompía con una tradición que quería que el partido victorioso despidiera a un buen número de funcionarios para reemplazarlos por sus miembros o sus protegidos/clientes. Fijó el máximo de los reemplazos en un nivel muy bajo, el 5 % de funcionarios, a fin de garantizar la institucionalización no partidaria de la función pública. Esta decisión ha sido difícilmente aceptada por una parte de los militantes, que esperaban que su esfuerzo durante la campaña electoral o en la lucha fuera recompensado con puestos de trabajo. Finalmente, la dirección del MAS flexibilizó su posición y fue más allá del límite del cinco por ciento.
En enero del 2007, estalló un escándalo en La Paz : ciertos militantes del MAS se hicieron pagar su apoyo a unos candidatos funcionarios. Pero esto no adquirió proporciones masivas. A principios del 2009, un segundo escándalo causó mas daño: Santos Ramírez, dirigente histórico del MAS[18] que había estado al frente de la empresa petrolera pública YPFB, fue descubierto en flagrante delito de corrupción a gran escala. El MAS en el gobierno reaccionó con firmeza a fin de dar el ejemplo. Santos Ramírez fue arrestado a la espera de su proceso. El MAS demostró a la sociedad que aunque alguno de sus dirigentes no estén inmunizados contra la corrupción, el partido rompía con la tradición de impunidad de los mandatarios políticos y era favorable a su condena en caso de delito. Dicho esto, el escándalo Santos Ramírez provocó una verdadera conmoción, que dejará secuelas. [19]
Morales, inmediatamente después de acceder a la presidencia, tomó una medida ejemplar a fin de demostrar que ponía fin a los privilegios: redujo su propio sueldo. Evidentemente, esto fue muy bien visto por la población, con toda razón. La medida implicaba así mismo la rebaja de los sueldos de los demás mandatarios, pues era inconcebible que éstos ganaran más que el presidente y no dieran el mismo ejemplo rechazando sus privilegios. Luego el gobierno creyó oportuno flexibilizar su posición para permitir que los directivos de las empresas públicas percibieran altas retribuciones. Están autorizados a ganar más que el presidente de la República. Álvaro García Linera, quien justifica esta decisión, la denomina la NEP boliviana, haciendo referencia a la NEP aplicada por recomendación de Lenin a principios de los años 20 en la Rusia soviética.[20]
Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, aboga por un «capitalismo andino-amazónico»
García Linera es partidario del desarrollo de un capitalismo andino-amazónico en el cual el Estado desempeña un papel clave. Sin deformar la propuesta, se puede considerar que el vicepresidente boliviano es partidario de una forma andino-amazónica de capitalismo de Estado. De modo metafórico, utilizando la imagen del tren, describe con claridad la jerarquía de actores de este modelo: «Es que el Estado es lo único que puede unir a la sociedad, es el que asume la síntesis de la voluntad general y el que planifica el marco estratégico y el primer vagón de la locomotora. El segundo es la inversión privada boliviana; el tercero es la inversión extranjera; el cuarto es la microempresa; el quinto, la economía campesina y el sexto, la economía indígena. Éste es el orden estratégico en el que tiene que estructurarse la economía del país.»[21]. La perspectiva abierta por Álvaro García Linera es claramente diferente u opuesta a un auténtico socialismo del siglo xxi. Hay que reconocer que no lo oculta con rimbombantes frases socialistas. Su proyecto corresponde a uno de los posible guiones para el futuro.
Stefanoni atribuye a Evo Morales una perspectiva cercana o idéntica a la de su vicepresidente: «Lejos de alentar la lucha de clases en su acepción marxista, Evo Morales reactualiza los clivajes ya mencionados —nación/antinación, pueblo/oligarquía— y promueve de hecho una nueva “alianza de clases” —sin utilizar para ello ese término, que recuerda los años 50. Una alianza que incluye los “empresarios patriotas” y los “militares nacionalistas” para construir un “país productivo y moderno”, gracias a los beneficios de los recursos naturales “recuperados por el Estado”. Lo esencial del programa económico gubernamental se basa así en la modernización/industrialización de una economía atrasada, bajo la dirección de un Estado fuerte que reemplace a una inexistente burguesía nacional.»[22] Esto nos lleva a las antípodas de las numerosas posiciones adoptadas por Evo Morales en otros países y en los foros internacionales cuando denuncia el sistema capitalista y declara que hay que desembarazar de éste al planeta.
Por otra parte, García Linera cuestiona cierta visión «ongista»:[23] «[Las] visiones de un mundo indígena con su propia cosmovisión, radicalmente opuesta a Occidente, es típica de indigenistas de último momento o fuertemente vinculados a ONGs, lo cual no quita que existan lógicas organizativas, económicas y políticas diferenciadas. En el fondo, todos quieren ser modernos. Los sublevados de Felipe Quispe, en el año 2000, pedían tractores e Internet. Esto no implica el abandono de sus lógicas organizativas, y se ve en las prácticas económicas indígenas. El desarrollo empresarial indígena tiene una lógica muy flexible. Le apuesta a la acumulación pero nunca lo arriesga todo en la acumulación. Primero trabajo solo, con mi entorno familiar, núcleo básico último e irreductible, me va bien, contrato personas y sigo trabajando, me va muy bien, contrato más personas y dejo de trabajar, me va mal, vuelvo al segundo piso, me va muy mal, vuelvo al mundo familiar donde soporto todo. Nunca se acaba de romper con la lógica familiar… Quieren modernizarse pero lo hacen a su manera. Pueden exportar, globalizarse, pero el núcleo familiar sigue siendo la reserva última, que es capaz de sobrevivir a pan y agua. Cuando crece la actividad económica a 10, 15 trabajadores, en lugar de avanzar a 30 o 40, 50, paran, surge otra empresita, del hijo, del cuñado, hay una lógica de apostarle nunca a una sola cosa. Distinto a una acumulación más racional, weberiana, con economías de escala, más innovación tecnológica. En este caso, la familia nunca es el sustento último de la actividad productiva, es un sustento de los vínculos, de las redes, de mercados, lógicas matrimoniales… Hay una lógica propia del mundo indígena pero no es una lógica antagonizada, separada, con la lógica “occidental”. Quienes han participado de los últimos movimientos fácilmente se dan cuenta de eso.»[24]
La explotación de los recursos petroleros de la región amazónica de Bolivia
De un modo coherente, con respecto a la perspectiva de un «capitalismo “andino-amazónico”», García Linera se manifiesta, en la entrevista que sigue, a favor de la explotación de los recursos petroleros de la región amazónica. También aquí defiende una real politik apartada del frecuente discurso ecologista del presidente boliviano.
«En el caso de la exploración de gas y petróleo en el Norte paceño, lo que buscamos es producir hidrocarburos para equilibrar geográficamente las fuentes de riqueza colectiva de la sociedad, generar excedente estatal y simultáneamente preservar el entorno espacial en coordinación con las comunidades indígenas. Hoy no estamos abriendo paso en el norte amazónico para que entre Repsol o Petrobras. Estamos abriendo paso en la Amazonía para que entre el Estado. […] ¿Es obligatorio sacar gas y petróleo del norte amazónico de La Paz ? Sí. ¿Por qué?, porque necesitamos equilibrar las estructuras económicas de la sociedad boliviana, porque el rápido desarrollo de Tarija[25] con el 90 % del gas va a generar desequilibrios a largo plazo. […] ¿Si las comunidades dicen que no igual el Estado va a entrar? Aquí viene el debate, ¿qué ha pasado? Cuando hemos consultado a la CPILAP (Central de Pueblos Indígenas de La Paz ), nos ha pedido que vayamos a negociar a Bruselas con su buffet de abogados y que respetemos unos enunciados medioambientalistas publicados por USAID. ¿Cómo es eso? ¿Quién está impidiendo que el Estado explore petróleo en el norte de La Paz : las comunidades indígenas Tacanas, una ONG[26], o países extranjeros? Por ello, hemos ido a negociar comunidad por comunidad y allí hemos encontrado el apoyo de las comunidades indígenas para llevar adelante la exploración y explotación petrolera. El gobierno indígena-popular ha consolidado la larga lucha de los pueblos por tierra y territorio. En el caso de los pueblos indígenas minoritarios de tierras bajas, el Estado ha consolidado millones de hectáreas como territorialidad histórica de muchos pueblos de pequeña densidad demográfica; pero junto al derecho a la tierra de un pueblo está el derecho del Estado, del Estado conducido por el movimiento indígena-popular y campesino, de sobreponer el interés colectivo mayor de todos los pueblos. Y así vamos a proceder hacia delante.» [27]
Esta posición adoptada no deja de recordar las diferencias políticas que se manifiestan en Ecuador, entre Rafael Correa, por una parte, afín a las posiciones de García Linera, y, por la otra, la CONAIE (Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador) y la ONG Acción Ecológica. Correa criticó en repetidas ocasiones las posiciones de los «izquierdistas» y de los «ecologistas radicales» que se oponen a la explotación de los recursos naturales del país. De todos modos, a pesar de estas críticas, la posición oficial del gobierno y del presidente ecuatoriano consiste hasta ahora en proponer a la comunidad internacional no emprender la explotación del petróleo que se encuentra en el territorio Yasuni, situado en la Amazonia ecuatoriana.[28] Alberto Acosta (ex presidente de la Asamblea Constituyente en 2008 y miembro del mismo partido que Rafael Correa, pero defensor de posiciones sensiblemente distintas en varios temas) es uno de los grandes promotores y defensores de la propuesta ecuatoriana.[29]
Es lógico plantearse las siguientes preguntas: al tratar de convencer, en nombre del «bloque indígena-popular» (según la expresión de García Linera), a los pueblos amazónicos de que acepten la explotación de los recursos no renovables del subsuelo de los territorios ancestrales que ocupan, ¿no se inscribe el gobierno de Evo Morales en la prosecución de un modelo extractivo productivista? Un gobierno de derecha ¿no habría tenido que afrontar una resistencia popular muy fuerte de los pueblos indígenas si hubiese querido explotar en su territorio el petróleo de la Amazonia boliviana? Si dentro de algunos años la derecha volviera al poder, ¿no reduciría radicalmente las concesiones que el poder central ha otorgado a los pueblos originarios cuando quiso obtener el derecho de explotar los recursos de sus territorios? En ese caso, ¿no habría sido mejor para los pueblos originarios indígenas rechazar la explotación industrial de los recursos naturales no renovables?
Traducido por Griselda Pinero y Raúl Quiroz
Enlace con el texto original : http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=15741
Eric Toussaint, CADTM.
