Acercamiento Cuba-Estados Unidos: Perspectivas y obstáculos 2/2
En el proceso de negociaciones entre Cuba y Estados Unidos quedan muchos obstáculos que superar.
Los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) rechazaron unánimemente la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas, asestando un serio revés a Washington. En una declaración publicada el 7 de mayo de 2014 la CELAC expresó “su total oposición a la elaboración de listas unilaterales que acusan a algunos estados de supuestamente apoyar y copatrocinar el terrorismo e insta al Gobierno de los Estados Unidos de América a poner fin a esta práctica” que suscita “la reprobación” de “la comunidad internacional y de la opinión pública de Estados Unidos”.[2].
En efecto, el establecimiento de tal lista se basa únicamente en consideraciones políticas. Conviene recordar que Washington mantuvo a Nelson Mandela, héroe de la lucha contra el apartheid, presidente de Sudáfrica de 1994 a 1999 y Premio Nobel de la Paz, en la lista de las personas involucradas en el terrorismo internacional hasta 2008. En cambio las monarquías petroleras del Medio Oriente aliadas de Estados Unidos e implicadas en el financiamiento del terrorismo internacional, particularmente del DAESH, no forman parte de la lista del Departamento de Estado.
Cuba exige también la abrogación de la Ley de Ajuste Cuba que adoptó el Congreso en 1966. Esta legislación, única en el mundo, estipula que todo cubano que emigre a Estados Unidos desde el 1 de enero de 1959, legal o ilegalmente, pacíficamente o por la violencia, consigue automáticamente al cabo de un año y un día el estatus de residente permanente. Por eso no hay ningún cubano en situación ilegal en el territorio estadounidense. Esta ley constituye una formidable herramienta de incitación a la emigración ilegal y permite a Estados Unidos arrebatar a Cuba su capital humano. Al mismo tiempo Washington limita el número de visas concedidos cada año a 20.000, lo que alimenta así la peligrosa y lucrativa industria criminal de la emigración ilegal.
En lo relativo a la problemática migratoria, La Habana pide también la abrogación de la ley gubernamental “Pies secos/pies mojados” que se adoptó a principios de los años 1990. Esa ley estipula que todo cubano candidato a la emigración interceptado en plena mar por las autoridades estadounidenses es automáticamente devuelto a Cuba. En cambio si llega a pisar tierra se beneficia de la Ley de Ajuste Cubano.
Guantánamo, que Estados Unidos ocupa ilegalmente desde 1902, constituye también un punto de fricción. En efecto, tras la intervención estadounidense de 1898 en la Guerra de Independencia de Cuba, Washington impuso la integración de la enmienda Platt en la nueva Constitución so pena de mantener indefinidamente la ocupación militar de la isla. Este apéndice legislativo, que hacía de Cuba un protectorado sin verdadera soberanía, estipulaba, entre otros asuntos, que Cuba tenía que arrendar a Estados Unidos un parte de su territorio por una duración de 99 años renovables indefinidamente… a partir del momento en que uno de los dos campos estuviera favorable a ello. Tras la abrogación de la enmienda Platt en 1934 se mantuvo la base naval de Guantánamo por la irrisoria suma de 4.000 dólares anuales. Desde el 1 de enero de 1959 el Gobierno cubano se niega a percibir la retribución anual y exige la devolución del territorio. Hasta hoy Washington rechaza toda idea de retirarse de Guantánamo.
El financiamiento de la oposición interna constituye también un tema de discordia entre Washington y La Habana. Ilegal según el Derecho Internacional, la legislación cubana y cualquier código penal del mundo, el apoyo a la disidencia cubana con el objetivo de derrocar el orden establecido ha sido uno de los principales pilares de la política exterior estadounidense respecto a la Isla desde 1959. Aunque esta política fue clandestina de 1959 a 1991 se volvió pública y reivindicada desde la adopción de la Ley Torricelli de 1992. En efecto, el artículo 1705 de dicha legislación estipula que se dedica un presupuesto al financiamiento de una oposición interna en Cuba. Se ratificó esta disposición en la Ley Helms-Burton de 1996 (artículo 109) y en los dos informes de la Comisión de Asistencia para una Cuba Libre de 2004 y 2006. Hoy Washington dedica como promedio 20 millones de dólares anuales a conseguir un “cambio de régimen” en Cuba, en flagrante violación del Derecho Internacional. Además los diplomáticos estadounidenses destinados en La Habana brindan regularmente apoyo material, logístico y financiero a los grupos de disidentes, mofándose de la Convención de Viena.
La Habana reclama también el fin de las transmisiones radiales y televisivas de Radio y TV Martí, respectivamente creadas en 1983 y 1990 por el gobierno federal, con el objetivo de incitar a la población a sublevarse contra el poder. Sus programas se destinan exclusivamente a Cuba y se difunden violando la legislación internacional sobre las telecomunicaciones, interfiriendo con las ondas cubanas.
Las autoridades de la isla exigen por fin que desaparezcan los grupúsculos violentos implicados en el terrorismo contra Cuba. Conviene recordar que el pueblo cubano fue víctima entre 1959 y 1997 de cerca de 7.000 atentados terroristas, organizados desde Estados Unidos, que costaron la vida a 3.478 personas e infligieron secuelas permanentes a otras 2.099, sin hablar de los innumerables daños materiales.
Luis Posada Carriles es un caso emblemático. Expolicía bajo la dictadura de Fulgencio Batista, antiguo agente de la CIA que participó en la invasión de Bahía de Cochinos, Posada Carriles es el autor intelectual de más de un centenar de asesinatos. Es particularmente responsable del primer acto de terrorismo aéreo del continente americano con el atentado contra el avión civil de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 1976 que costó la vida a 73 personas, entre ellas todo el equipo juvenil de esgrima que acababa de ganar los Juegos Panamericanos. Posada Carriles es también responsable de la ola terrorista que golpeó la industria turística cubana en 1997, que causó decenas de víctimas y costó la vida a Fabio di Celmo, un turista italiano.[3]
No hay la menor duda en cuanto a la culpabilidad de Luis Posada Carriles. No hace falta prestar atención a las acusaciones procedentes de La Habana. En efecto, los informes del FBI y de la CIA son explícitos al respecto: “Posada y Bosch orquestaron el atentado con bomba contra el avión”.[4] Del mismo modo, en su autobiografía Los caminos del guerrero reivindica abiertamente su trayectoria terrorista. Por otra parte, el 12 de julio de 1998 Posada Carriles concedió una entrevista al New York Times en la cual se jactaba de ser la persona que había cometido el mayor número de actos terroristas contra Cuba, reivindicando la paternidad intelectual de los atentados de 1997. Según él, el turista italiano “se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado”. [5] Hoy Luis Posada Carriles vive tranquilamente en Miami y Estados Unidos se niega a juzgarlo por sus crímenes.
Mientras no se resuelvan estas cuestiones, a saber, levantamiento de las sanciones económicas, retirada de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional, abrogación de la Ley de Ajuste Cubano, devolución de la base naval de Guantánamo, fin del financiamiento de la oposición cubana y enjuiciamiento de Luis Posada Carriles, será difícil esperar una plena normalización de las relaciones bilaterales. Excepto el levantamiento de las sanciones económicas Washington no parece dispuesto, por ahora, a realizar cambios sustanciales en estos campos.
Por su parte Cuba ha expresado su disposición a discutir sobre las eventuales compensaciones para las propiedades estadounidenses nacionalizadas en los años 1960, de acuerdo con lo que manda el Derecho Internacional. Pero las autoridades de La Habana también han declarado que, en paralelo a esas negociaciones, deberá abrirse un diálogo sobre el costo causado por las sanciones económicas y la política de agresión contra la isla desde 1959, con las inevitables indemnizaciones.
En el diferendo histórico que opone Cuba a Estados Unidos conviene recordar una verdad poco considerada por les medios informativos. En este conflicto asimétrico hay un agresor –Washington– y una víctima –el pueblo de Cuba-. En efecto, al contrario que Estados Unidos, Cuba no ocupa ilegalmente y por la fuerza una parte del territorio estadounidense, no impone sanciones económicas a su vecino, jamás ha invadido Estados Unidos (Bahía de Cochinos) y nunca ha amenazado al pueblo estadounidense con una desintegración nuclear (crisis de los misiles). Por otra parte, La Habana no pide un cambio de régimen en Estados Unidos, no emite transmisiones ilegales y no financia a una oposición interna con el fin de derrocar el orden establecido.
Existe una condición previa indispensable para la normalización de las relaciones bilaterales entre ambas naciones: Estados Unidos debe renunciar a su objetivo estratégico de “cambio de régimen” y aceptar la realidad de una Cuba soberana e independiente. Todo intento de intromisión en los asuntos internos de la isla está condenado al fracaso pues La Habana no está dispuesta a negociar su sistema político o su modelo de sociedad, competencia exclusiva del pueblo cubano. Las únicas relaciones viables entre Cuba y Estados Unidos serán las que se cimienten en torno a tres principios fundamentales: la igualdad soberana, la reciprocidad y la no injerencia.
Salim Lamrani
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[3] Salim Lamrani, Cuba, ce que les médias ne vous diront jamais, Paris, Estrella, 2009, p. 135-154.
[4] Federal Bureau of Investigation, « Suspected Bombing of Cubana Airlines DC-8 Near barbados, West Indies, October 6, 1976 », 7 octobre 1976, Luis Posada Carriles, the Declassified Record, The National Security Archive, George Washington University. http://www.gwu.edu/ nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB153/19761008.pdf (sitio consultado el 3 de junio de 2013).
[5] Ann Louise Bardach & Larry Rohter, « Key Cuba Foe Claims Exiles’ Backing », New York Times, 12 de julio de 1998.
