En nombre de una coalición de ONGs, el Centro Internacional de Ginebra para la Justicia (GICJ, por sus siglas en inglés) ha lanzado un llamamiento urgente a la comunidad internacional y a los organismos de la ONU tras su llamamiento del 13 de enero de 2014 ante el terrible deterioro de los derechos humanos y los continuos ataques brutales contra los ciudadanos de la provincia de al-Anbar de Iraq.
Desde el 22 de diciembre de 2013 está en marcha en la provincia de al-Anbar una operación dirigida por las fuerzas del gobierno iraquí. Aunque en un primer momento esta operación se emprendió con el pretexto de luchar contra terroristas que se ocultaban en el desierto, rápidamente se convirtió en un ataque militar de gran envergadura con artillería pesada, tanques y fuerza aérea contra zonas residenciales, que fueron bombardeadas. Hospitales y escuelas resultaron dañados y hasta el momento han muerto cientos de civiles y muchos otros han resultado heridos a causa de los tiros.
Un vídeo difundido en varios canales satélite de TV iraquíes el 22 de enero de 2014 refleja las atrocidades cometidas por el ejército y muestra cómo las fuerzas de al-Maliki arrastran el cadáver de un joven miembro de una de las tribus cuya pierna está atada a un vehículo militar (Advertencia: las imágenes pueden herir la sensibilidad)
http://www.youtube.com/watch?
A día de hoy las fuerzas del gobierno rodean las ciudades de la provincia de al-Anbar, las mayores de las cuales son Ramadi, Faluya, Karma y Khalidiya, y han cortado todos los suministros vitales. Esto se hace con el pretexto de que Al-Qaeda se ha infiltrado en estas ciudades, a pesar de que los propios ciudadanos lo han negado tajantemente en repetidas ocasiones. Gran cantidad de personas ha huido ya por temor a las fuerzas del gobierno, cuya brutalidad indiscriminada contra los civiles es de sobra conocida. La comunidad internacional tiene que hace un llamamiento inmediato a detener este uso extremadamente desproporcionado de la fuerza.
Antecedentes
Desde finales de 2012 se están organizando gran cantidad de protestas pacíficas por todo Iraq en contra de la política sectaria y de las continuas violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de al-Maliki, cuyas medidas enérgicas en contra de las protestas se han ido volviendo cada vez más duras con el paso del tiempo. Las campañas masivas de detenciones arbitrarias se convirtieron más en la norma que en la excepción, las ejecuciones llegaron a unos niveles excepcionales, similares al alarmante aumento de las ejecuciones extrajudiciales de los dirigentes de la oposición. La justificación oficial del gobierno para su uso excesivo de la fuerza siempre era la “seguridad nacional”, aunque rápidamente se hizo evidente que la denominada “lucha contra el terrorismo” del gobierno se dirigía fundamentalmente contra los opositores de Maliki.
De este modo, con el fin de tener una justificación oficial para actuar en contra de los levantamientos, al-Maliki declaró que los terroristas se habían infiltrado en las manifestaciones, aunque esto nunca se haya demostrado.
Al-Maliki compareció varias veces en la TV incitando a sus seguidores con un lenguaje sectario a apoyarle incondicionalmente en su lucha contra los habitantes de la provincia de al-Anbar. Dados los ataques indiscriminados de las fuerzas de al-Maliki y su conocida brutalidad, los habitantes de la provincia fundaron entonces un Consejo y decidieron que la ciudad se defendería de los posibles ataques. Por consiguiente, es importante entender que estos habitantes a los que se presenta como terroristas se están defendiendo de la brutalidad las fuerzas de Maliki y que son ciudadanos ordinarios, en modo alguno miembros de ningún grupo terrorista.
Linchamientos y terror
El hecho de que Maliki calificara oficialmente a los habitantes de terroristas provocó el apoyo inmediato tanto de Estados Unidos como de Irán y Rusia. Sin embargo, otras voces, como el veterano legislador de la Unión Europea y presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con Iraq, Struan Stevenson, advirtió que “Iraq se está sumiendo rápidamente en una guerra civil y un genocidio”. En su opinión, el ataque contra supuestos terroristas de Al Qaeda en seis provincias iraquíes no es sino una cobertura para la aniquilación de aquellas personas que se oponen a las cada vez más sectarias políticas del primer ministro Nouri al-Maliki. Stevenson advirtió además que las afirmaciones de al-Maliki eran un “completo disparate”, a pesar de lo cual ha convencido a sus aliados de que “está llevando a cabo una batalla contra el terrorismo y estos le están suministrando misiles, drones y otros tipos de armamento que al-Maliki utiliza para bombardear y asesinar civiles”.
Según el Creciente Rojo Iraquí, hasta el 27 de enero 69 personas fueron asesinadas en Faluya, de las cuales 31 eran mujeres y 39 niños. Otras 413 resultaron heridas, de las cuales 19 eran mujeres y 44 niños. Todas estas víctimas son de la población civil. Con todo, el Creciente Rojo Iraquí considera que las cifras pueden ser mucho más altas ya que está prohibido el acceso a muchos otros lugares.
Varios hospitales y escuelas han resultado dañados por los fuertes bombardeos y muchas familias se visto desplazadas de nuevo.
La brutalidad de las fuerzas de al-Maliki en contra de la población es completamente desproporcionada y contraria en particular el Artículo 3 de las Convenciones de Ginebra que exige que en caso de que se produzca un conflicto armado en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, la personas que no participan activamente en las hostilidades “sean tratadas humanamente bajo cualquier circunstancia”.
Vídeo en el que se ve a una familia asesinada por un misil que cayó en una casa de Faluya la noche del 23 al 24 de enero de 2014:
http://www.youtube.com/watch?
Peticiones
La Coalición urgió a la comunidad internacional en su conjunto y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en particular a hacer cuanto esté en su mano para:
- detener la terrible escalada de la situación y los asesinatos ilegales de civiles,
- garantizar que se establece inmediatamente un comité internacional de investigación para investigar tanto la situación como las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de al-Maliki.
- detener la entrega de armas al gobierno al-Maliki, que las utiliza únicamente contra civiles.
Ver las fotos en la fuente original: http://www.gicj.org/index.php?
